El plazo judicial impuesto al gobierno de Donald Trump para reunir a miles de niños y padres separados por la fuerza en la frontera entre México y Estados Unidos venció ayer sin que se completara la colosal tarea producto de la política de “tolerancia cero”.
Las autoridades han identificado a 2,551 niños de cinco años o más comprendidos por la orden de reunirlos con sus padres, cientos de los cuales han sido deportados sin sus hijos. Sin embargo, el Gobierno informó ayer que ha reunido a más de 1,800 menores antes de límite impuesto por un juez.
Para el martes, 1,021 padres habían sido reunidos con sus hijos en instalaciones de la policía de inmigración y aduanas ICE. Cientos más habían recibido la autorización y solo esperaban transporte.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, dijo en el Congreso el miércoles que el gobierno estaba “encaminado” en el cumplimiento del plazo, una afirmación recibida con incredulidad y furia por el Bloque de Legisladores Hispanos, integrado exclusivamente por demócratas, según personas que asistieron. Nielsen se negó a hacer declaraciones a la prensa después de la reunión a puertas cerradas.
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Desde hace dos semanas llegan constantemente niños a instalaciones de ICE en Texas, Arizona y Nuevo México para reunirse con sus padres. Grupos religiosos y laicos los han provisto de alimentos, ropa, asesoría legal y boletos de avión y autobús. A los padres se les coloca una pulsera de vigilancia en el tobillo y se les da una fecha para comparecer ante un juez de inmigración.
La brasileña Natalia Oliveira da Silva aguardaba nerviosa frente a un centro de detención en Pearsall, Texas, a su hijita Sara. Pronto vio a la niña de cinco años que llegaba en un vehículo.
Al saltar a los brazos de su madre, le preguntó, ansiosa, “no te van a llevar otra vez, ¿no?”.?
El juez federal Dana Sabraw, en San Diego, elogió al gobierno por sus esfuerzos para reunir a las familias, pero también respondió al hecho de que 463 padres estarían fuera de Estados Unidos.
“Es la realidad de una política que provocó la separación de muchas familias sin pensar en la reunificación ni en conservar el rastro de la gente”, dijo Sabraw, juez designada por el presidente republicano George W. Bush.
Denuncian más separaciones
Por su parte, un grupo de congresistas demócratas denunció ayer que la Administración Trump continúa separando familias dentro de los centros de detención de inmigrantes y alertó de los “procesamientos judiciales masivos” a los que se enfrentan sin garantías al debido proceso.
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Liderados por las congresistas demócratas Pramila Jayapal y Lucille Roybal-Allard, los legisladores viajaron la semana pasada a las localidades texanas de Brownsville y McAllen, para verificar las condiciones en las que se encuentran los pequeños y sus familias.
“Lo que vimos fue absolutamente espeluznante”, dijo en Washington Jayapal, quien relató que tuvieron la oportunidad de hablar con madres “encerradas en celdas” que solo pueden ver a sus hijos menores de 10 años durante una hora al día.
Honduras exige información de los menores
Honduras urgió ayer a Estados Unidos a dar información de los menores que han sido separados en los últimos meses de sus padres en la frontera con México debido a la política de “tolerancia cero” impulsada por el presidente Donald Trump.
Padres sin saber de hijos
“Nos es sumamente difícil brindar información a los padres que han sido retornados y aún no saben dónde se encuentran sus hijos”, dijo ayer la canciller hondureña, María Dolores Agüero, en un acto público en Tegucigalpa.