Óscar Cabrera e Isabel Barbosa
Hace poco tiempo el mundo observó a Irlanda decidir en las urnas que el aborto ya no debe ser entendido bajo una perspectiva prohibicionista. De esta manera, Irlanda salió del pequeño grupo de países que persiste en criminalizar el aborto, para unirse al movimiento global que promueve despenalizar esta conducta. El cambio se dio por la madurez democrática de un país con fuerte presencia de la Iglesia Católica, que, a pesar de ello, entendió que el debate del aborto no se circunscribe al ámbito religioso, sino que se enmarca fundamentalmente como una discusión de salud pública.
El resultado del referéndum en Irlanda cierra una era marcada por el miedo, en la cual las mujeres que necesitaban y deseaban interrumpir sus embarazos se veían atrapadas entre salir del país o acudir a métodos clandestinos. Incluso cuando buscaban interrumpir el embarazo para salvaguardar sus vidas, lo cual era permitido desde 2013, las pacientes se enfrentaban a trámites que a menudo fallaban en este propósito. El caso que más notoriedad ganó fue el de Savita Halappanavar, una mujer india de 31 años que entró en sepsis tras negársele acceso a la interrupción del embarazo, pese a que ya se encontraba en proceso de tener un aborto espontáneo. En aquel momento, se argumentó que no había pruebas de que su vida estaba en peligro, lo que deja en claro los muchos matices que hay entre el riesgo a la salud y la vida de las mujeres. La muerte de Savita era evitable; no obstante, las restricciones al aborto seguro impidieron a los médicos salvar su vida.
La lección desde el otro lado del mundo le sirve a El Salvador, un país que insiste en mantener la prohibición absoluta del aborto a pesar del fuerte reproche internacional y de las gravísimas consecuencias que ha tenido esta política para la salud de las mujeres. El prohibicionismo contribuye al índice de mortalidad materna de este país, prevenible en más de 90 % de los casos. La morbilidad materna se ha estudiado menos, pero en general se calcula que ocurren hasta 20 casos de morbilidades severas por cada muerte materna registrada; de estos casos, hasta una cuarta parte podrían sufrir secuelas graves y permanentes. Si bien es cierto que en Irlanda las restricciones al aborto legal también producían muertes maternas, en El Salvador el cuadro es todavía más preocupante: a pesar de que su índice de mortalidad materna viene disminuyendo en los últimos años, la tasa salvadoreña sigue siendo considerablemente más alta que la irlandesa. Es decir, el miedo, aquí, mata más; y cuando no mata puede resultar (como acontece) en largas condenas a la cárcel.
El ejemplo perfecto es el caso de Teodora Vásquez, que ganó reconocimiento internacional cuando se restituyó su libertad tras haber pasado años en la cárcel por una emergencia obstétrica. La historia de Teodora demuestra que quienes soportan las consecuencias de la penalización del aborto son, principalmente, mujeres históricamente marginadas por motivo de etnia, posición socioeconómica y edad, entre otros factores. No es ninguna exageración decir que el aborto seguro se convirtió en un privilegio en El Salvador, donde las dificultades e inequidades que se producen en materia de salud pública afectan de manera desproporcionada a las mujeres en situación de vulnerabilidad. Son ellas las que no pueden subirse a un avión o cubrir los gastos de un procedimiento seguro. Terminan pagando con la vida o la libertad.
Lo que queda claro es que plantear el debate del aborto bajo una perspectiva de salud pública conduce a una reflexión sobre la eficacia del derecho penal para manejar el tema del aborto. Ante las consecuencias desastrosas de la penalización, quizás sea el momento de acudir a otras estrategias, como la educación sexual y el acceso a la anticoncepción. Sobre todo, es el momento de ponerse la tarea de construir una sociedad que les dé a las mujeres múltiples posibilidades para desarrollar sus potencialidades, permitiéndoles escoger la que más les convenga y, así, realizar sus anhelos más íntimos. En consecuencia, el derecho penal debe utilizarse como último recurso para alcanzar un determinado fin, así sea un fin considerado legítimo, y no un medio para quitarles a las mujeres derechos básicos.
En ese contexto, y entendiendo que la deliberación se construye a partir de mínimos éticos y de derechos humanos, lo que se demanda de El Salvador es justamente madurez democrática. Lo que recién ocurrió en Irlanda muestra el camino hacia la construcción de una sociedad donde se respete la dignidad de las mujeres y se les garantice sus derechos humanos. Se debe avanzar en la discusión: en vez de enfocarse en un punitivismo estéril, ya es hora que el país se enfrente a otros debates, como la protección del secreto profesional, el entrenamiento del personal de salud, los adecuados protocolos hospitalarios, etc. Después de todo, no se puede esperar resultados diferentes haciendo todo igual que antes.
Óscar Cabrera, Director
Ejecutivo del O’Neill Institute
for National and Global Health Law
de la Universidad de Georgetown.
Isabel Barbosa, Asociada del
O’Neill Institute for National
and Global Health Law de
la Universidad de Georgetown.