No es la primera vez que los ciudadanos nos quedamos con una Corte Suprema de Justicia incompleta, por retraso de los diputados en la elección de los magistrados. Hubo lío en 2009, en 2012, y retraso en 2015 ¿nos vamos a sorprender porque ahora haya demoras?
En 2009 las cosas se entramparon y tuvieron que destrabarse por intervención directa de Casa Presidencial. En 2012 no hubo retraso, sino adelanto… pues los diputados de la Asamblea que terminaba su periodo eligieron de manera inconstitucional, de tal modo que hubo de repetirse la elección, una vez la nueva Asamblea tomó posesión. Y en 2015, para terminar el recuento, los diputados se demoraron varios meses en elegir a los miembros de la Corte.
Hay quienes dicen que todo se debe a que los magistrados no son electos por voto popular, y que hacer depender su nombramiento de los intereses de los diputados (por no hablar de cuotas partidarias), lo único que hace es complicarlo todo, por lo que, según ellos, la solución vendría por la línea de elegir los magistrados por voto directo de la población.
En realidad, se puede entender que las complicaciones vienen de una comprensión defectuosa de la democracia participativa. Si seguimos pensando que la finalidad de elegir diputados es dar cuotas de poder a los distintos partidos políticos en la Asamblea Legislativa, y que a partir de esa repartición del pastel se elegirán los magistrados, es que hemos comprendido muy poco del espíritu que los diputados de la Asamblea Constituyente quisieron dejar reflejado en la letra de la Carta Magna.
Pero lo peor no es que los electores no nos enteremos a cabalidad de lo que implica una democracia representativa, sino que en los partidos políticos se siga pensando que cada diputado, cada curul, es una especie de activo del partido, ficha de una especie de juego de “Risk” legislativo, en su lucha particular por ganar poder; y que, por lo mismo, cuantos más diputados tengan sentados, mejor, pues la llamada “aritmética legislativa” jugará a su favor.
Hay muy buenas razones por las que cada tres años un tercio de la Corte Suprema de Justicia debe ser renovado por el voto de los diputados de la Asamblea Legislativa. Algunas son de orden práctico, otras de fondo más teórico. Pero todas se fundamentan en la democracia representativa.
El espíritu de las elecciones de segundo grado refleja muy bien ese sistema político, en cuanto son una delegación en sus representantes (los diputados) que proviene del voto popular. Con ellas se garantiza que un número menor de electores pueda tener una mayor racionalidad, y —en teoría— se garantiza mejor la competencia profesional y honradez notoria, a la hora de elegir funcionarios clave para el Estado de derecho.
El sistema busca asegurar, además, que los magistrados no tengan intereses partidarios o deudas de algún tipo con quienes —en una hipotética elección popular o directa— les hubieran ayudado, postulado o manejado sus campañas. Obliga a los electores a pensar mejor a quién darán su voto en las elecciones de diputados —con lo que sobresale una vez más la importancia de la elección por rostro en el caso de los legisladores— pues saben que en las manos de los escogidos por ellos está la elección de funcionarios tan importantes como los magistrados.
Lo anterior obliga a una mayor transparencia en el proceso, y a que la sociedad civil fiscalice mejor los procedimientos de postulación de candidatos, su competencia técnica y su honradez notoria. Y así, en teoría, cuando la elección es transparente al gran público, se promueve mejor competencia entre los que van a ser elegidos, posibilitando que ocupen las magistraturas personas capaces, honradas e independientes. De modo que todos salimos ganando.
Ingeniero
@carlosmayorare