La fracción arenera propondrá aprobar un decreto transitorio para que siempre se ejecute la prórroga de seis meses a un artículo de la Ley de Lavado de Dinero que obliga a las empresas a contar con un oficial de cumplimiento que tendrá la responsabilidad de que estas cumplan con dicha normativa.
Esto debido a que el presidente Salvador Sánchez Cerén observó la reforma al artículo 14-A de la Ley de Lavado de Dinero que establece que “los sujetos obligados deben establecer una oficialía de cumplimiento, a cargo de un oficial nombrado por la junta directiva u órgano competente”, el cual debe reunir una serie de requisitos.
El diputado Rodrigo Ávila asegura que es necesario tener la prórroga para luego analizar reformas a dicha ley, pues el problema económico de no contratar un oficial de cumplimiento no es para las empresas grandes, sino para las pequeñas que facturan, por ejemplo, $2 mil al mes.
“Es como un atarrayazo bien grande y ciertamente es complicado. Nosotros recibimos la visita de comerciantes, artesanos, de corredores de seguros, de profesionales y de pequeños productores, que ahora ¿cómo van a hacer ellos para pagar un oficial de cumplimiento definitivo?”, dijo el tricolor.