El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala dijo este jueves que evalúa la posibilidad de llamar a consultas a su embajador en Nicaragua, Jaime Regalado, para que explique la situación de violencia que se vive en ese país.
"Se está evaluando y considerando la posibilidad de que nuestro embajador designado en Nicaragua pueda ser llamado a consultas para que venga a Guatemala y pueda explicar los detalles de la situación", aseguró la Cancillería en un comunicado en el que recuerda que la crisis se está abordando a nivel regional y multilateral.
El Gobierno de Guatemala reiteró este jueves su "suma preocupación" por la situación de Nicaragua y volvió a hacer un llamamiento al diálogo y al fortalecimiento de las instituciones democráticas.
"Estamos analizando la parte comercial, que definitivamente afecta a toda la región. Es de valorar el papel fundamental que los embajadores han tenido en cuanto a la negociación para permitir el paso de los transportistas y contenedores que se encontraban varados en las carreteras", añade el comunicado.
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Esta opinión se emite después de que la cúpula empresarial de Guatemala pidiera al Gobierno retirar a su embajador como medida de rechazo a la represión que se vive en Nicaragua.
Los empresarios además exigieron al Parlamento Centroamericano (Parlacen), a la OEA, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) que condenen la violencia.
El vicepresidente guatemalteco, Jafeth Cabrera, también opinó este jueves sobre este análisis y dijo que Guatemala, como país centroamericano, debe luchar por "fortalecer la democracia": "Nosotros estamos en contra total de lo que está sucediendo en Nicaragua y creemos que hay que hacer ese análisis".
"Nosotros podremos tomar esa decisión y desde nuestro país seguir insistiendo en que deben fortalecerse las democracias centroamericanas y de todo el mundo", acotó sin dar mayores detalles sobre esa eventual decisión que todavía no se ha adoptado.
Más de 350 personas han muerto en Nicaragua en el marco de la crisis social que estalló el pasado 18 de abril y de esas muertes responsabilizan a la represión de las fuerzas de seguridad y grupos armados a afines al Gobierno de Daniel Ortega.
El Gobierno nicaragüense es señalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) como responsable de "asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias cometidos en contra de la población mayoritariamente joven del país". ACAN-EFE
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