Las denuncias de falta de transparencia, el oportunismo, las ganguerías y las movidas de políticos para repartirse la Sala de lo Constitucional, están generando incertidumbre, desconfianza y el rechazo de los salvadoreños.
Solo el hecho de buscarle una plaza a como dé lugar al responsable de investigar los patrimonios de decenas de diputados parece una movida para comprometer y echar al traste la lucha contra la corrupción.
Igual sucede con el ofrecimiento de un puesto a una funcionaria cuya principal aspiración en este momento debe ser la protección de las mujeres y niños, más que llegar a un cargo mediante negociaciones que se consideran oscuras.
De hecho, se ha denunciado que el nombramiento de ambos se ha convertido en “punto de honor” del oficialismo y sus tradicionales aliados anaranjados.
Según ha trascendido, el proceso de elección no está partiendo de los méritos y ejecutorias de los candidatos, sino de listas de “favoritos” que tienen los partidos y de acuerdo con las coincidencias entre sí.
Este pretendido reparto político de magistraturas solo vicia de nulidad el proceso, pues la Constitución es muy clara al condicionar el nombramiento de jueces, magistrados y funcionarios que deciden en asuntos de importancia pública, a profesionales independientes, esto es, sin nexos políticos o de otra naturaleza que tuerzan sus fallos, que los hagan caer en prevaricato.
La impetración de justicia, el velar por el Orden de Derecho y las libertades y derechos esenciales de la persona y la población, es el tejido que sostiene el orden social civilizado, lo que garantiza que ante la ley, todos los pobladores sean iguales, que tengan asegurados procesos imparciales cuando se les acuse o acose.
La corrupción en la administración de justicia fue uno de los pretextos para llevar al país a una guerra que duró 12 años y costó 70 mil muertos y ahora los mismos que lo alegaron son los que quieren torcer los procesos a su favor y en beneficio de la impunidad.
Una de las consecuencias es el clima de violencia imperante, los pactos oficialistas con las pandillas, el deterioro de la confianza en las instituciones, el triste futuro que enfrenta la mayoría de niños y de jóvenes en El Salvador.
La elección de los magistrados no debe ser una especie de negociar en mercados de pueblo, de que unos pretendan sacar ventaja para promover sus bajos intereses, su corrupción, su conducta inmoral.
No se trata de inventar nuevas justicias, de imponer reglas que benefician a unos y perjudican a otros, que persiguen a estos pero que son cómplices de aquéllos.
No puede un país prosperar cuando nadie está seguro si al actuar, negociar, pactar, firmar acuerdos, puede encontrarse luego con que si el otro rompe el trato nada le pasa, pero si éste hace un reclamo no será resarcido.
Jueces y magistrados
deben ser independientes
y honestos
La imparcialidad en el trato de las instituciones y oficinas estatales con los ciudadanos, y los jueces y magistrados son parte esencial en ello, se fundamenta en el hecho de que lo esencial de las leyes, de la jurisprudencia, es viejo en milenios, que tanto el Derecho Romano, como la jurisprudencia entre los babilonios, la Magna Carta y la Declaración de Independencia de Estados Unidos, defienden los mismos principios y abogan por la imparcialidad en la aplicación de la ley.
El que un partido con vocación totalitaria y sus aliados se crean facultados para hacer reglas en su beneficio, reglas para atropellar a los contrarios, sale a la superficie en estos momentos al hacer todo lo posible por quedarse con el tribunal que puede frenar los abusos del poder.