Durante los años 2011 y 2017, la Sala de lo Constitucional recibió 10,418 casos entre amparos, habeas corpus e inconstitucionalidades, equivalente a un promedio de 31 expedientes por semana. Ante una pronta elección de cuatro magistrados propietarios y cuatro suplentes del máximo tribunal de justicia, Focus Data, la Unidad de Datos de El Diario de Hoy, reunió los distintos procesos presentados ante la Sala para dimensionar el daño que causaría al país la parálisis de dicho tribunal.
Justicia para miles
La Constitución de la República reconoce que cada persona tiene derecho a una pronta y cumplida justicia. Para ello, además de los juzgados, tribunales, cámaras y salas judiciales, crea una Sala de lo Constitucional encargada de hacer cumplir la Constitución en dos sentidos: respetar los derechos reconocidos a la persona humana y garantizar que los funcionarios de gobierno cumplan con sus atribuciones, sin abusos ni atropellos.
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De ahí que haya tres tipos de procesos en esta Sala: amparos, cuando un individuo alega que se le ha violentado algún derecho constitucional; habeas corpus, cuando se ha limitado la libertad de alguien de forma indebida; e inconstitucionalidades, cuando existe una norma jurídica que contraría la Constitución, desde la ley que aprueba la Asamblea Legislativa o el decreto con el que nombra a los titulares de una institución, hasta un reglamento establecido en el Órgano Ejecutivo o una ordenanza municipal.
Sin embargo, más allá del texto, esta justicia no siempre ha gozado de prontitud. Hasta el final de 2013, los magistrados de la Sala de lo Constitucional lograron revertir una tendencia de mora judicial. A partir de 2014, y salvo en 2016, los casos resueltos superaron a los entrantes.