Esta semana un grupo de diputados presentó una iniciativa de anteproyecto de ley titulada “Ley de educación en la afectividad y sexualidad responsable”, cuya finalidad (muy resumidamente) sería “garantizar el ejercicio y disfrute de los derechos y propiciar el cumplimiento de los deberes del Estado” en la educación integral de los niños, niñas y adolescentes; “fomentar cambios en las concepciones psicopedagógicas de los planes educativos” y “fortalecer el (sic) autoestima, desarrollar habilidades de comunicación interpersonal y asegurar el reconocimiento a la dignidad” de los menores.
Después de consignar un objetivo general (Art. 2) tan vago que puede admitir cualquier propósito, en el documento se propone la formación de una comisión integrada por funcionarios, cuya misión será redactar el currículo nacional en relación a la educación de la afectividad y sexualidad responsable.
En mi condición de ciudadano me parece interesante resaltar unos puntos, a mi juicio, importantes, para que en caso se forme dicha comisión, si le parece, los tenga en cuenta:
Desde la perspectiva jurídica no se puede obligar a los padres de familia a que sus hijos reciban una educación humanística con sesgos con los que no están de acuerdo, pues les ampara el artículo 55 de la Constitución que establece que “los padres tendrán derecho preferente a escoger la educación de sus hijos”.
Desde la perspectiva antropológica, todos los pensadores serios están de acuerdo en que es una barbaridad identificar al ser humano únicamente con su preferencia sexual. Constituye un reduccionismo sin ninguna base científica, y un ataque directo a la dignidad de los menores; con lo que si se opta por esta visión, se caería en flagrante contradicción con lo que la propuesta de ley pretende promover: no hay nada que atente más contra la dignidad de una persona, que constreñirla a uno de sus aspectos. No es que en el anteproyecto aparezca así explícitamente, pero lo dejo aquí por si acaso.
Desde la perspectiva política es muy importante no dejar de lado los valores más extendidos en los salvadoreños. Si se impone una manera de pensar que promueva, por ejemplo, la genitalidad con excusa de afectividad, o se apuesta por temas que laceren la sensibilidad de nuestra cultura, no solo sería un acto impopular, políticamente hablando, sino también una acción digna de un régimen totalitario que impone “verdades” con el mejor estilo orwelliano: simplemente por la fuerza del poder que les ha sido conferido por los votantes.
Tampoco sería prudente dejar de lado razones histórico-sociológicas: basta abordar el tema desde el punto de vista de salud pública para darse cuenta, por la experiencia de otras sociedades, que impartir una educación sexual centrada en la genitalidad y al margen de la patria potestad, no solo no disminuye los embarazos en adolescentes, o retrasa la edad de la iniciación sexual, sino que aumenta los primeros y adelanta la segunda; y entonces el remedio resulta peor que la enfermedad.
Queda por último una cuestión práctica, que dejaré planteada en forma de pregunta: ¿les parece a ustedes, señores de la Comisión (si llega a formarse), que un sistema educativo que es incapaz de enseñar medianamente bien matemáticas, o a hablar, y a pensar, con una corrección mínima, tiene la capacidad de meterse en las honduras que implica una educación de la afectividad y sexualidad responsable?
Dados los antecedentes, tengo la impresión de que si no se hacen las cosas bien, esto que podría ser una excelente iniciativa corre el riesgo de convertirse en un caballo de Troya destinado a ideologizar a los menores a espaldas de sus padres, un fracaso más de las políticas educativas, o un racimo de buenas intenciones sostenidas por un grupo reducido de personas que se dejan llevar por impulsos más o menos altruistas.
Ingeniero
@carlosmayorare