El martes de la próxima semana arrancan las discusiones entre los diputados para decidir quiénes de los 30 candidatos que entrevistaron merecen ser electos como magistrados de la Sala de lo Constitucional y uno para la Sala de lo Civil. A la Asamblea le queda una semana para elegir a los nuevos funcionarios. Desde el martes la Comisión Política quedará en sesión abierta, ya que se prevé elegirlos el 13 de julio.
Esta parte del proceso de elección es la más difícil, ya que los diputados intercambian nombres y buscan consensos para lograr apoyos a los profesionales que le simpatizan a determinados partidos.
Se supone que a raíz de las demandas de la sociedad civil, los repartos de cuotas políticas o acuerdos debajo de la mesa, serán cosa del pasado en esta nueva elección, sin embargo, sigue predominando el secretismo entre los legisladores cuando se les pregunta qué candidatos mostraron capacidades académicas y la experiencia para el cargo.
El primer eslabón ya fue superado por los aspirantes, al menos eso dice la síntesis del informe de evaluación leída ayer en la subcomisión legislativa. El documento revela que los candidatos cumplen con los requisitos de “moralidad y competencia notorias y honradez y competencia notorias”.
De acuerdo al reporte, lo anterior quedó evidenciado y comprobado en las entrevistas realizadas y los atestados académicos y profesionales presentados por los candidatos a los diputados que integran la subcomisión que se encargó de evaluar sus perfiles y calificar su desempeño en la evaluación.
Han demostrado “honradez y competencia notorias, al cumplir con los requisitos de probidad, honestidad, vocación de servicio, compromiso institucional, independencia que implica separación de los diversos Órganos e instituciones, así como de los partidos políticos y rectitud requerida para desempeñar con dignidad la investidura”, reza el informe.
Pero más allá de lo plasmado en el documento, la subcomisión entregará el martes de la próxima semana a la Comisión Política de la Asamblea, un cuadro comparativo de análisis del perfil y capacidades de cada uno de los aspirantes.
En este mecanismo sólo hay dos parámetros a evaluar: los atestados y la entrevista, cada aspecto tendrá un porcentaje del 50%, según explicó Jorge Schafik Hándal, del FMLN. Aunque su partido no se basará sólo en esos términos. Hándal dice que buscarán profesionales que cuando ejerzan como magistrados “no hagan interpretaciones haladas de los pelos, porque existe jurisprudencia allá al otro lado del mundo” y que “ponderen los efectos de sus sentencias, que no nos metan en desórdenes”.
El diputado efemelenista puso como ejemplo los fallos de la Sala en el ámbito electoral. Para evaluar en todos los candidatos esa parte, es que los diputados les formularon la pregunta sobre qué sentencias emitidas por la Sala de lo Constitucional no comparten y que fundamentaran los motivos.
Para Antonio Almendáriz, del PCN, vale mucho la capacidad académica, la experiencia profesional, pero sobre todo el “carácter y la personalidad que se necesita más que todo para una Sala de lo Constitucional”.
Mientras que los partidos convencionales valoran más esos aspectos, el diputado independiente, Leonardo Bonilla, propuso en la subcomisión un baremo para tener datos fidedignos para ponderar las capacidades, solvencias, independencia y otras cualidades que demostraron los candidatos en las entrevistas. (Ver nota aparte).