La semana pasada, en estas páginas, leí con mucha atención un artículo del connotado abogado argentino Juan Ernesto Méndez, quien fuera Relator Especial de Naciones Unidas contra la Tortura y que en abril de 2000 recibiera el premio “Monsignor Óscar A. Romero” de la Universidad de Dayton (Ohio), “por su liderazgo al servicio de los derechos humanos”.
La hoja de vida del Dr. Méndez es impresionante y su trayectoria como activista es ampliamente reconocida. Lo que este señor diga sobre El Salvador es muy relevante para nosotros, entre otras razones porque sus diversos informes sobre tortura y penas degradantes han sido utilizados por Naciones Unidas para argumentar, reiteradamente, que en nuestro país existe una relación directa entre la prohibición legal del aborto y ciertas formas de tortura.
Méndez destaca en sus informes que “la práctica de obtener confesiones, para emplearlas en juicios, de mujeres que precisan asistencia médica urgente es constitutiva de tortura o malos tratos”. En casos relacionados con embarazos críticos, sostiene, “denegar el acceso al aborto seguro en situaciones de extrema vulnerabilidad, y en las que es esencial acceder al procedimiento con rapidez, constituye malos tratos o tortura”.
No es éste el espacio para señalar los presupuestos ideológicos y las deficiencias metodológicas de estos informes, pero sí creo necesario afirmar que ninguno de ellos es prueba concluyente para justificar esos cíclicos “regaños” que funcionarios de la ONU hacen a El Salvador por su defensa legal de la vida humana embrionaria. En su artículo del 29 de junio, el autor se atreve a una interpretación bastante gruesa de la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional en esta delicada materia.
En un párrafo de compleja redacción para quienes no son juristas, Méndez asegura que la Sala “ya ha indicado que las circunstancias de aborto terapéutico —como cuando es necesario para salvar la vida de las mujeres, o cuando es producto de una violación, o cuando existen malformaciones fetales que hacen inviable la vida extrauterina— deben entenderse subsumidas en las causales generales de exculpación penal”. He aquí una temeraria aseveración.
Si el ilustre abogado se refiere a sentencias (como la 18-98-2007, por ejemplo) que afirman que el Estado no puede actuar punitivamente “en situaciones extremas” (entendidas éstas cuando el individuo “prefiere realizar un hecho típico antijurídico —léase delito— antes que sacrificar su propia vida”), en realidad se está descontextualizando información pertinente, se mezclan temas de naturaleza distinta, y, lo más grave, se ignoran elaboraciones más integrales de la misma Sala.
Para decirlo pronto, es insostenible argumentar sin matices que nuestra jurisprudencia constitucional considera el llamado aborto “terapéutico” como una “circunstancia extrema” libre de penalidad. Y asombra que lo asevere un abogado que llegó a ocupar cargos de tanta relevancia.
Pero quiero ir más lejos en mi planteamiento. Tan extrañas inferencias jurídicas, en personas que deberían conocer al dedillo nuestro precario sistema de salud y penal, no pueden llevar a concluir, a ningún nivel de la ONU, que en El Salvador se “tortura” a mujeres por casos de aborto. De hecho, gracias al artículo de Juan Méndez, podríamos estar delante de un ejemplo muy concreto de las “deficiencias” —las llamaré así por ahora— que atiborran los informes usados por Naciones Unidas para acreditar, promover e imponer una agenda claramente ideologizada. Y esto sí es extremadamente grave.
Hace menos de un año propuse al entonces representante regional del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Alberto Brunori, que revisáramos los casos de mujeres que guardan prisión en El Salvador por motivos que él suponía ligados a las leyes a favor de la vida prenatal. Jamás recibí respuesta. ¿Obtendré idéntico silencio si desde esta columna invito públicamente al prestigioso Juan Méndez a sostener un respetuoso intercambio de opiniones sobre los asuntos que aquí expongo? ¿O hasta cuándo la burocracia internacional se dedicará a sermonear a los salvadoreños sin dignarse a tener una discusión seria a partir de sus propias afirmaciones?
Espero su amable respuesta, Dr. Méndez.
Escritor