El Departamento de Estado (EE.UU.) presentó el jueves el informe El Tráfico de Personas que clasifica a gobiernos según su esfuerzo para combatir la esclavitud y la trata de blancas. Éste dejó al gobierno del presidente Donald Trump vulnerable a acusaciones de hipocresía dado que la política migratoria de “cero tolerancia” ha separado a más de 2.000 niños migrantes de sus padres en la frontera con México.
El secretario de Estado Mike Pompeo y la asesora presidencial Ivanka Trump develaron el informe en una ceremonia en el departamento de Estado.
“Nuestro compromiso contra el combate (al tráfico humano) y para terminar esto juntos es increíblemente fuerte”, dijo Pompeo. “El mundo debería de saber que nosotros no pararemos hasta que sepamos que el tráfico humano es una cosa del pasado”.
Las víctimas son jóvenes de 17 y 18 años, quienes eran ofrecidas a clientes entre 40 y 120 dólares en centros comerciales de Apopa y San Salvador
Durante la ceremonia, Ivanka y Pompeo rindieron homenaje a diez individuos, entre las que figura la salvadoreña Yanira Violeta Olivares Pineda, líder de la unidad especializada en tráfico de personas de El Salvador y a la que Estados Unidos describió como “una figura sin miedo” en la lucha contra esta lacra.
Olivares Pineda, quien encabeza un equipo especializado de fiscales en El Salvador dedicado a procesar a los traficantes de personas, dijo que han obtenido condenas por cargos de explotación sexual para los traficantes, que han sido de entre 10 y 16 años de prisión. La unidad para la que trabaja recibió fondos de los Estados Unidos para capacitación e investigaciones sobre el tema.
“Creo que todos los países, ya sean de origen, tránsito o destino, deberían ver a los inmigrantes de forma humanitaria”, dijo Violeta, a lo que agregó “Creo que cada gobierno debe ser humano”.
Estados Unidos está en el primer nivel, entre los países que mejor combate el tráfico de personas.
En una sección larga sobre los efectos negativos de colocar a niños en cuidados institucionales, el informe dice que la “separación de un niño de sus familia solo debería de ser considerado como último recurso y algo temporal”.
Estados Unidos incluyó a Bolivia y a Birmania en su “lista negra” de países que no hacen lo suficiente para combatir el tráfico de personas, una medida que puede llevar a la imposición de sanciones, y en la que mantuvo a Venezuela, Rusia, Irán, Belice y Corea del Norte.
“El tráfico de personas es un problema global, pero también un problema local. El tráfico de personas puede ocurrir en un restaurante, un hotel, en una granja o en la casa del vecino”, dijo el secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, en el acto de presentación de su informe anual sobre el tráfico de personas.
La Fiscalía presentó el caso judicial basado en el testimonio del principal cabecilla a quien le dieron beneficios penales a cambio de lograr condenar a sus colaboradores. Aún así, no lograron mucho. De los 17 capturados sólo cuatro fueron condenados por tráfico de personas
En la “lista negra” del informe aparecen 22 países, una cifra similar a los 23 del año pasado, aunque cambiaron sus integrantes con la entrada de Bolivia, Birmania, Gabón, Laos, Papúa Nueva Guinea; y la salida de la República Centroafricana, Guinea-Bissau, Guinea, Mali, Sudán y Uzbekistán.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene ahora 90 días para decidir si aplica sanciones a los países de la “lista negra”, como la congelación de la ayuda no humanitaria y no comercial o la negativa a que reciban préstamos de instituciones multilaterales.
Bolivia había estado en una lista de observación durante cuatro años consecutivos y, en cumplimiento de una ley contra el tráfico de personas de 2010, este año el Departamento de Estado tuvo que incluir al país en su “lista negra”, aunque reúne las características para seguir en sobre aviso, según el informe.
No obstante, el Departamento de Estado alerta de que “el Gobierno de Bolivia no cumple plenamente las normas mínimas para la eliminación del tráfico de personas y no demostró un aumento general en sus esfuerzos para hacerlo en comparación con el período anterior”.
En concreto, Estados Unidos asegura que el Gobierno del presidente boliviano, Evo Morales, “no financió suficientemente” su plan nacional contra el tráfico de personas y, además, no dedicó los recursos necesarios al enjuiciamiento de los culpables de esos crímenes y la protección de sus víctimas.
Con respecto a Birmania, el Departamento de Estado explicó que ha decidido incluir al país en su “lista negra” debido a las agresiones del Ejército de Birmania (Myanmar) contra los ronhiyá en el estado de Rakáin, hogar de esta etnia desde hace siglos y de donde comenzaron a huir en agosto de 2017.
Un funcionario del Departamento de Estado, que pidió el anonimato, citó “el reclutamiento ilegal de niños soldado” por parte del ejército birmano como una de las causas que ha llevado a Washington a endurecer su postura con respecto al tráfico de personas en Birmania.
El Gobierno de Trump comenzó oficialmente en abril a implementar su política de “tolerancia cero”, que lleva a procesar criminalmente a los adultos que llegan irregularmente, lo que ha provocado la separación de familias porque los niños no pueden ser privados de libertad durante largos periodos de tiempo.
La semana pasada Trump firmó un decreto para acabar con la separación de familias, aunque quiere cambiar las leyes para poder recluir a menores durante extensos periodos de tiempo.