México asiste a las urnas este domingo 1 de julio para elegir a más de 3,400 cargos públicos, incluyendo el Presidente de la República, pero su campaña electoral se tornó sangrienta y ha dejado más de 120 políticos asesinados durante la contienda.
La consultora mexicana Etellekt publicó recientemente un informe sobre la “Violencia Política en México 2018”, en el que indica que desde el inicio del proceso electoral el pasado 8 de septiembre y hasta el 16 de junio se han registrado en el país 120 asesinatos contra políticos y otros 351 asesinatos en contra de funcionarios no electos.
Según un resumen colgado en su sitio web: www.etellekt.com, en el informe “se analizan las agresiones en contra de funcionarios públicos no electos, es decir, aquellos funcionarios que ejercen algún tipo de función o cargo de responsabilidad por designación y no por elecciones organizadas por instituciones electorales”.
Los casos más recientes ocurrieron esta semana en Oaxaca, donde en menos de 24 horas atacaron a dos políticos: Emigdio López Avendaño, candidato a diputado en Morena, quien fue asesinado a tiros cuando viajaba con su equipo de campaña; y el caso de Raymundo Carmona, aspirante a alcalde de Pochutla, que fue herido de gravedad tras una emboscada por un grupo de hombres armados.
“Lamento el asesinato de Emigdio López Avendaño (...) Mi sentido pésame a los familiares, que las autoridades actúen y castiguen a los responsables”, escribió en su cuenta de Twitter Andrés Manuel López Obrador, candidato de Morena a la presidencia y principal líder de ese partido.
El pasado 20 de junio, el candidato a la alcaldía de un pequeño municipio de Michoacán fue asesinado y se convirtió en el político número 121 que es asesinado de cara a las elecciones generales del 1 de julio, publicó el portal Infobae.
Omar Gómez Lucatero, candidato independiente a la alcaldía de Aguililla, fue atacado cuando se encontraba con algunos de sus familiares, informó el medio.
El periódico El País, de España, también ha publicado notas en las últimas semanas sobre los asesinatos de otros políticos, como el caso de Alejandro Chávez Zavala, candidato a la alcaldía de Taretan, también en Michoacán, quien se sumó a la extensa lista de víctimas de la violencia en esta campaña.
“Ningún acto que atente contra la integridad de los michoacanos debe quedar impune”, escribió el gobernador Silvano Aureoles en su cuenta de Twitter, días atrás.
Damián Zepeda, presidente nacional del PAN, partido del que era miembro Chávez Zavala, condenó los hechos y exigió a las autoridades esclarecer el crimen.
Otro de los casos fue el de Rosely Danilú Magaña, candidata a segunda regidora (una especie de consejal municipal) en el turístico municipio de Isla Mujeres, en Quintana Roo, quien fue asesinada el pasado 9 de junio de varios disparos durante un atentado en un acto de campaña.
La candidata por el oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI) fue atacada cuando encabezaba una reunión con activistas en el patio de su casa, informaron medios mexicanos.
Danilú Magaña fue la víctima número 113 durante el sangriento proceso electoral en México.
El País destaca que los políticos que aspiran a cargos locales como diputaciones y alcaldías han sido el “eslabón más vulnerable” durante la violencia en la campaña y cita datos de la consultora Etellekt que ha registrado más de 400 agresiones a políticos y candidatos desde septiembre 2017.
“Las ejecuciones realizadas por comandos continúan siendo el común denominador en estos asesinatos con un 67% de los casos. Mientras que en otro 16% las víctimas fueron halladas con huellas de tortura y violencia extrema. El 83% de las víctimas fueron ejecutadas con el sello característico del crimen organizado”, dice el informe de la consultora mexicana, también citado por Infobae.
Añade que el 72% de los ataques fueron dirigidos a políticos de oposición, principalmente en los estados del centro y sur del país.
Y entre las víctimas mortales se encuentran 28 precandidatos y nueve candidatos, 17 ex alcaldes, 13 regidores y 12 presidentes municipales en funciones, cita el medio.
Y añade que analistas atribuyen la violencia registrada durante el período de precampaña y campaña a un intento del crimen organizado por mostrar su poderío para infundir miedo.
La consultora mexicana Etellekt indica que esta situación “anticipa un serio desafío de seguridad para la paz y gobernabilidad democrática en las regiones con mayor presencia de organizaciones delictivas y notorio debilitamiento institucional”.
Gobierno condena violencia
Por su parte, el Gobierno de México expresó en semanas recientes su condena a los ataques a candidatos y se asumió como garante para que el proceso electoral de este 1 de julio transcurra de manera pacífica y ordenada.
El secretario de Gobernación de México, Alfonso Navarrete, dijo en un mensaje a medios que la administración del presidente Enrique Peña Nieto “se asume como garante para que el proceso electoral se desarrolle de manera ordenada y pacífica”.
El titular de la seguridad interior en el país expresó la condena del Gobierno de Peña Nieto a las agresiones a candidatos y a todos los llamados a la violencia o para violentar las leyes electorales del país, sin importar de donde provengan.
Navarrete exhortó a todos los actores políticos del país para que el contraste y el debate “no se conviertan en encono” y menos en una incitación a la violencia contra los partidos, candidatos o las instituciones.
El secretario expresó además el rechazo del gobierno mexicano a las insinuaciones de que desde el poder Ejecutivo se pretende interferir para “inclinar la balanza a favor o en contra de un candidato, partido o coalición política”.
Navarrete apuntó que el gobierno federal “tiene muy claro” que no es parte del proceso electoral por lo que mantendrá la imparcialidad y neutralidad que señalan las leyes.