La deuda del Sector Público No Financiero llegó al 71.6 % del PIB. El FMI encendió las alertas. Recomendó que, en lugar de continuar ordeñando el futuro de los contribuyentes, la deuda se reduzca hasta por debajo de un 50 % del PIB en 2030.
El gobierno agradeció la recomendación y amablemente la rechazó. Luego procedió a lo usual: pedir deuda.
En mayo el gobierno solicitó al parlamento que se le autoricen tres emisiones de bonos: 1. US$350 millones para sustituir la deuda adquirida con un préstamo del BID para financiar el presupuesto 2018; 2. US$800 millones para pagar el saldo de Letes; y 3. US$2,457.71 para pagar un conjunto de deuda que vencerá entre 2019 y 2024.
En total piden US$3,607.71 millones. Como telón de fondo de este drama aparecen los cuestionamientos a los encargados de evitar que el dinero público termine en bolsas de basura llenas de fajos de billetes de US$100.
Fusades emitió su posición respecto a la solicitud del gobierno. Planteó a la Asamblea Legislativa recomendaciones concretas sobre cómo responder a cada petición del Ejecutivo.
En cuanto a la emisión de deuda por US$350 millones, recomendó su autorización. Señaló que al aprobarse el presupuesto 2018, el acuerdo incluyó financiar parte de él con una deuda por ese monto. Para ello se ratificó un préstamo con el BID. Resulta que esta emisión de deuda sería para sustituir ese empréstito.
Las condiciones de esta nueva emisión serían más favorables que las del BID. Lo que sí destaca Fusades es que, dado que ese banco aún no ha desembolsado tal préstamo, es preciso derogar el decreto en que se ratificó el empréstito. No vaya a ser que en lugar de US$350 terminen con US$700. Es razonable tal exigencia ante los tantos casos que hemos visto de… astucia fiscal.
Respecto a los US$800 millones para pagar el saldo de Letes, Fusades recomienda rechazar esa emisión. Señala cómo esta implicaría mantener el ciclo de desnaturalización del fin constitucional que debe tener la deuda flotante: remediar deficiencias temporales de ingresos. Sobre esta emisión escribí hace unas semanas en la columna titulada ¿Sigue la fiesta?
Finalmente, en cuanto a la aprobación de bonos por US$2,457.71, Fusades señala que se trata de deuda para pagar la deuda del próximo quinquenio.
La primera alternativa que recomienda es excluir US$286.5 millones que servirían para financiar un pago anticipado (put) de Eurobonos que vence hasta 2034. Eso por la baja probabilidad de que los acreedores ejecuten esa opción el próximo año. La emisión que entonces recomiendan es de US$2171.3 millones.
Si la dinámica política hace imposible aprobar tal emisión, Fusades propone un plan B: Aprobar únicamente por US$800 millones para financiar el pago más inmediato, el vencimiento de Eurobonos que habría el 1 de diciembre de 2019. En este escenario correspondería al próximo Ejecutivo buscar la manera de pagar los vencimientos que habrá desde 2020 hasta 2024.
La opción B parece la mejor para presionar a que el próximo Presidente, en lugar de continuar eludiendo el cumplimiento de las obligaciones del Estado, coja el toro por los cuernos y haga los ajustes necesarios en el gasto público.
Suplicar disciplina fiscal a los partidos para que se inclinen por el plan B puede ser una estrategia ingenua y poco efectiva. Tal vez es mas útil apelar a sus intereses; así que ahí va: Ante la posibilidad de ser partido de oposición en el próximo quinquenio, ¿acaso quieren regalar desde hoy la única moneda de negociación que les quedaría: la llave de la mayoría calificada para aprobar deuda?
Abogado
@dolmedosanchez