Observando y analizando las entrevistas a magistrados

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26 June 2018

Debo reconocer, empecé muy optimista  cuando la Subcomisión legislativa que está conduciendo el proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) inició el proceso de entrevistas  a los candidatos Luego de presenciar varias de las sesiones  estoy moderando las expectativas pues aún no se sabe si  la mejora será sustancial o meramente formal pero sin mayor impacto.

El Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa (RIAL) que regula la forma de conducir esta etapa del proceso, contiene una normativa insuficiente y escueta para realizar una evaluación con elementos técnicos suficientes que garanticen que se estudiarán seriamente los expedientes de los candidatos para escoger a los mejores.

El Consorcio por la Transparencia y Lucha contra la Corrupción presentó un anteproyecto de reformas al RIAL que contenía los elementos básicos para mejorar el proceso, tales como transparencia e idoneidad a través de  espacios de participación ciudadana, mejores entrevistas, perfil y baremo, documentación de requisitos y desvinculación partidaria, entre otros. Estos elementos se tomaron parcialmente en cuenta y ahora corren el peligro de ser utilizados con criterios restrictivos, lo cual no refleja el compromiso con la transparencia que originalmente expresaron los diputados.

Lo que parece pasar desapercibido es que mejorar el mecanismo tiene un impacto directo en la legitimidad de la elección. ¿Podrán los diputados encargados del proceso explicar en qué se basaron para evaluar a los candidatos?  ¿Se van a tomar decisiones sin mayor reflexión, porque lo que se está llevando a cabo es una negociación paralela en donde lo que está privando son arreglos políticos?

Algunos diputados no se están responsabilizando de sus actuaciones al señalar que con elegir a cualquiera de los treinta ya cumplen con su deber. Esto es equivalente a no reconocer la diferencia entre los que cuentan con requisitos mínimos y cuáles pueden desempeñar el cargo de Magistrado de la Sala de lo Constitucional en forma honorable e íntegra, aplicando criterios técnicos y contribuyendo a fortalecer la democracia y el Estado de derecho dentro de nuestra joven república.

Las entrevistas se están desarrollando  en un espacioso auditorio dentro de la Villa Dueñas, al que han asistido miembros de la academia, estudiantes, abogados, medios de comunicación y  sindicalistas, en un ambiente de respeto y orden. Se puede entender que no se permitan los aplausos o barras, pero tampoco se puede decir que el ambiente ha sido particularmente desordenado, ojalá que los niveles de tolerancia a cierta espontaneidad no se traduzcan en  limitaciones al  control ciudadano. Es de valorar que se está viviendo la elección de magistrados que más  ha llamado la atención de la ciudadanía, por lo que se ha convertido en la  más vigilada hasta este momento en este tipo de elecciones. Es una evidencia de una madurez del proceso democrático que no debe tener retroceso.

Recientemente se han vetado preguntas de la sociedad civil, argumentando que son incómodas y que no se debe preguntar por la vida personal ni de otros cargos que han ostentado los candidatos. Las preguntas deben ayudar a esclarecer la condición de una persona como honesta y de conducta irreprochable. Es mejor cuestionar ahora y no sufrir por nueve años una mala decisión que tendrá un efecto incalculable. No es invento de la sociedad civil, estos son estándares internacionales, es decir buenas prácticas para la identificación correcta de los que merecen ostentar la más alta magistratura.

Las necesidades de justicia en El Salvador son enormes,  solo basta leer los periódicos para saber que nos hace falta más combate a la corrupción, con los niveles de inseguridad ciudadana tenemos que recibir justicia a las miles de víctimas, ampliar los ámbitos de los derechos humanos, entre otros. Podremos tener confianza en estos magistrados que resultaran electos,  asegurándonos que sus vinculaciones no son políticas sino que están atados únicamente a la Constitución. Que si se equivocan o que sus sentencias no son plenamente compartidas, será por un afán de encontrar mayores espacios para ciertos derechos de los ciudadanos, pero nunca para favorecer a grupos de políticos o de interés.

Reconocemos que las reglas de participación de la ciudadanía no han quedado claras y por ahora no se vislumbra un verdadero compromiso de varios diputados responsables del proceso, de identificar a aquellos candidatos que más se acerquen al ideal, podríamos estar frente a un ejercicio dual, uno público que demuestra algunos avances formales pero que esconde la vieja práctica o costumbre detrás de los telones:  el reparto partidario; ojalá esto no sea así.

Claudia Umaña

Presidente de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ)