Las organizaciones que conforman el Consorcio por la Transparencia recordaron que los diputados de la subcomisión que estudia los perfiles de los aspirante a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) debe de definir un mecanismo para hacer las evaluaciones y favorecer la transparencia y rapidez de la elección de los funcionarios.
En este sentido uno de los cuestionamientos hechos por el Consorcio al proceso es que los diputados no tienen un mecanismo de calificación objetiva de los candidatos a magistrados, lo cual permita ponderar los estudios, la trayectoria profesional y las experiencias laborales y jurídicas de los candidatos.
“Hay que definir y dar a conocer a la ciudadanía una metodología para incorporar las mejores prácticas en la elección de este tipo de funcionarios, al día de hoy no existe certeza sobre como van a escoger a los magistrados luego de las entrevistas y se debe de demostrar que hay un mismo nivel de rigurosidad e idoneidad”, consideró Humberto Sáenz Marinero, presidente del Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), miembro de Consorcio.
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Las organizaciones también recordaron que toda la etapa de deliberación de los diputados debe de ser pública y con posibilidad de preguntas por parte de la ciudadanía y que debido a los tiempos (la actual Sala de lo Constitucional termina funciones el 16 de julio) se debe de acortar el calendario de entrevistas.
“No hay que olvidar que se debe de cumplir con un mandato constitucional y que el 16 de julio debemos de tener electos a los cinco nuevos magistrados, hay que priorizar esta elección sin olvidar que en el proceso no deben de existir deliberaciones poco claras donde no se discuta sobre las cualidades de los candidatos y prevalezca la afinidad política y personal, eso se debe de evitar”, agregó Claudia Umaña, presidente de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ).
Hay que recordar que en el actual calendario las entrevistas de los 30 aspirantes concluyen el 6 de julio y luego, la subcomisión , deberá entregar un informe a la Comisión Política para que ellos deliberen y emitan un dictamen donde justifiquen la propuesta de cinco candidatos a magistrados (cuatro serán de la Sala de lo Constitucional y uno para la Sala de lo Civil).
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“Si se ajustan las fechas y los plazos podemos tener electa a la nueva Sala de lo Constitucional acorde a los tiempos de ley, no debemos caer en una acefalía que violente los derechos constitucionales de todos los salvadoreños, no debe de perderse de vista la obligación constitucional de la Asamblea Legislativa de fundamentar bien la decisión de que un candidato merece ser magistrado y otro no”, agregó Umaña.
El Consorcio exhortó a que exista más apertura por parte de la subcomisión para las preguntas y que se realicen cuestionamientos que permitan tener una idea de como los magistrados resolverán casos concretos en materia de derecho constitucional.
Además pidió que la deliberación de los diputados de la Comisión Política se analicen los posibles conflictos de interés que puedan tener los magistrados antes de elaborar un dictamen para la aprobación en el pleno de la Asamblea Legislativa.