En la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea ha surgido la discusión de que Nicaragua está violando el convenio CA-4 de libre movilidad entre Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador, firmado en 2006, al exigir que con un mínimo de siete días previos el ciudadano que desea ingresar a Nicaragua debe informar, vía electrónica, sus datos personales, qué lo motiva a viajar a ese país, dónde se quedará e información adicional del lugar al que llegará y quién lo recibirá.
El FMLN habla con cautela y aduce que los países tienen soberanía sobre esos asuntos. Sin embargo, ha pedido al Secretario General del Sistema de la Integración Centroamericana (Sica), Vinicio Cerezo, que les explique qué está pasando.
La actual legislatura ya tuvo una primera reunión con Cerezo y, según la diputada de ARENA, Milena Mayorga, el funcionario les informó que Nicaragua ha tomado dicha medida por “seguridad, defensa y soberanía nacional” y porque no quieren que “pandilleros salvadoreños” invadan su país.
Manuel Flores, diputado del FMLN, minimiza el encuentro de Mayorga con Cerezo y dice que las palabras del Secretario del Sica no son oficiales. Tanto Flores como su colega efemelenista, Karina Sosa, explicaron que han solicitado formalmente a Cerezo, en dos ocasiones, una reunión para tratar el tema, pero no han tenido respuesta.
Cuatro muertos en nuevo ataque atribuido a fuerzas del Gobierno en Nicaragua
El Diario de Hoy también solicitó la versión del Sica y de las autoridades salvadoreñas de Migración, pero hasta la fecha no han dado una respuesta. Además se llamó a la embajada de Nicaragua en el país, pero explicaron que hasta el lunes no podrían atender la solicitud.
Desde julio de 2017, las autoridades migratorias nicaragüenses por orden del gobierno sandinista piden a los salvadoreños que desean entrar, ya sea por vía terrestre o aérea, llenar con sus datos personales una solicitud que está publicada en el sitio web del Ministerio de Gobernación de Nicaragua, con un mínimo de siete días de anticipación, esto con la finalidad de corroborar la información brindada.
En su momento, la Cancillería de El Salvador informó que “ya sea que se trate de una visita personal, familiar o grupal, para participar en actividades turísticas, culturales, religiosas, deportivas, negocios o de otra índole, se requiere llenar un formulario de ingreso y anexar un listado donde deberá incluirse a las personas que ingresarán con su respectivo número de documento de viaje”, ya sea el DUI o pasaporte.
Además, indica que para ingresar vehículos de instituciones o empresas “debe tramitarse con anterioridad una solicitud de importación temporal, a través de una agencia aduanera”, y debe hacerse lo mismo para ingresar “equipos como cámaras de video profesionales y sus respectivos implementos”.
Nicaragua pone estas restricciones, a pesar de que existe un convenio firmado entre Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua de libre movilidad, conocido como CA-4, suscrito en 2006.
La medida también afecta a Honduras, según reportan medios de ese país, debido a que el gobierno sandinista ha dicho que ha tomado la medida por seguridad para evitar el ingreso de pandilleros.
Sigue leyendo: La CIDH señala a Ortega por la represión en Nicaragua
El acuerdo establece la libre movilidad entre los ciudadanos de los países firmantes, sin restricciones adicionales más que sus documentos de identidad nacional, excepto cuando se trate del ingreso de menores de edad, a quienes se les exige el pasaporte y el permiso de los padres para evitar el tráfico ilegal de niños.
La discusión por este tema comenzó desde la legislatura pasada, pero ha sido la actual Asamblea que ha logrado un primer acercamiento con el Sica, a raíz de las denuncias de compatriotas que han tenido dificultades para entrar a Nicaragua, pese al tratado de libre movilidad, explica Mayorga.
En la reunión sostenida con el Secretario del Sica no participaron legisladores del FMLN, porque según el diputado Manuel Flores, la invitación no fue formal, sino de “amistad” entre Cerezo y la diputada Mayorga, por lo que el resultado del encuentro carece de legalidad.
“Milena (Mayorga) no es presidenta de la Comisión (de Relaciones Exteriores). Esa reunión carece de todo propósito legal; allí no se puede abordar un tema. Las relaciones de la Asamblea no son de amigos, son protocolarias”, dice Flores.
El diputado efemelenista dice que la Comisión de Relaciones Exteriores ha solicitado audiencia con Cerezo en dos ocasiones para tratar la problemática del CA-4, pero que el funcionario no les responde.
“No era una reunión formal. Dos veces le hemos mandado invitación (a Cerezo) para que vaya a la Asamblea o nos reciba en el Sica y no hemos tenido respuesta de parte de él”, manifiesta Flores.
Karina Sosa añade: “Nosotros hemos regulado con base en la Constitución y la Constitución establece ciertas prerrogativas para los centroamericanos. Es un aspecto que hemos tomado en consideración para sostener una reunión con el Secretario General del Sica y hablar del CA-4; lo que tiene que ver con nuestra ley está basado en nuestra Constitución y tratados internacionales”, argumenta Sosa.
Agrega que si existe una violación al CA-4, debe ser esa instancia quien lo confirme y si es pertinente algún tipo de sanción.
Mayorga explica que ese tipo de problemáticas y si ameritan un llamado de atención, se abordan en las reuniones periódicas de los consejos de ministros del Sica.
Nicaragüenses sin restricción
Pero la actual legislatura ha retomado el tema debido a las denuncias. “Hemos estado en la comisión días anteriores preocupados por el ingreso de los salvadoreños a Nicaragua; hay denuncias que les dificultan la entrada. El CA-4 fue para que pudiera haber una libre movilidad entre centroamericanos. Con Nicaragua se tiene problemas, porque se debe enviar un correo electrónico especificando los motivos. Más que todo por tierra es un problema, más que por vía aérea. Esto es una violación del CA-4, que es un instrumento que podamos facilitar la libre movilidad de los centroamericanos, pero hay diversas posturas”, manifiesta Mayorga.
Incluso, su colega de ARENA Edgar Escolán Batarsé afirma que hasta llaman al número de contacto en Nicaragua que detalla el salvadoreño en su solicitud, para confirmar si es cierto que se dirige hacia donde dice.
También hay denuncias de personas que les deniegan el ingreso, aunque la finalidad del viaje sea por turismo, o los dejan por horas en la frontera con Nicaragua para constatar si la solicitud fue hecha previamente, a través del correo electrónico de Gobernación de Nicaragua.
“Se está coartando los tratados del CA-4. Para ir a Nicaragua, usted solo necesita su DUI y se puede ir a la hora que quiera. Nosotros tendríamos que ser igual con Nicaragua, viene mucho nicaragüense a la parte oriental que trabaja de albañil, vendiendo fruta; no hay restricciones y ni se le pide decir adonde estará”, dice Escolán Batarsé.
La CIDH calcula en 212 los muertos en Nicaragua por la crisis sociopolítica
El país vecino está sumergido en un intenso conflicto político desde hace dos meses, a raíz de una reforma que el presidente sandinista, Daniel Ortega, quiso implementar al sistema de pensiones.
El FMLN defiende que los grupos que protestan buscan “desestabilizar” y “dañar la paz del pueblo nicaragüense”.
Según Mayorga, el diputado Manuel Flores aseguró en una reunión de la comisión de Relaciones Exteriores que el gobierno de Nicaragua tomó esa decisión, porque su soberanía así se lo permite y “porque estaban ingresando grupos de derecha” para apoyar a los opositores.
“Fue hace dos o tres comisiones, pero sí cuando estábamos hablando que era necesario emitir un comunicado como reprobando todo lo que pasaba en Nicaragua, él se manifestó y nosotros mencionamos que estaban bloqueando el ingreso de los salvadoreños; él manifestó que en su soberanía (Nicaragua) podía impedir su ingreso, porque varios grupos de derecha estaban entrando”, argumenta Mayorga.
Se le consultó a Flores y respondió: “Yo le pido a usted que pida el audio de la Comisión; si he dicho eso, me retracto de mis palabras, pida el audio; si ella pone que yo dije eso en la comisión, que ella (Mayorga) explique”.
Mayorga dice que también le preguntó a Cerezo sobre lo anterior y el diplomático le explicó que era la primera vez que escuchaba algo así, que en realidad la medida del gobierno de Nicaragua es por “el ingreso de pandillas que se fueran a instalar en sus ciudades”, que esa es la razón por la que habían implementado requisitos burocráticos.
En este punto, Karina Sosa admite que como Comisión de Relaciones Exteriores desean escuchar del representante del Sica si la decisión del gobierno nicaragüense es una “violación” al CA-4 o no.
“Esos aspectos queremos escuchar de parte del Sica. Queremos escuchar sus valoraciones; no hemos ignorado esa situación, estamos esperando respuesta del Secretario General del Sica”, acota Sosa.
Agrega que la gestión obedece a acuerdos regionales, pero dice que cada país es soberano y de acuerdo a sus leyes migratorias aceptar o rechazar el ingreso de extranjeros.