El presidente de EE. UU., Donald Trump, comenzó ayer el proceso para desmantelar su política fronteriza de “Tolerancia cero” y reunificar a las familias inmigrantes que han sido separadas desde el pasado mes de abril, una situación que afecta a más de 2.300 niños.
Trump ha ordenado a las agencias gubernamentales que implementen el decreto que firmó ayer miércoles para frenar la separación de familias de inmigrantes indocumentados, pero que obliga a los menores a ser encerrados en centros de detención para poder seguir al lado de sus padres.
“Estoy ordenando al Departamento de Salud y Servicios Humanos, al de Seguridad Nacional y al de Justicia que trabajen para mantener juntas a las familias de inmigrantes ilegales y reunir a esos grupos que antes estaban separados”, dijo Trump en declaraciones a los periodistas durante una reunión con su gabinete.
Trump no dio más detalles sobre sus órdenes a las agencias del Gobierno, pero un portavoz del Pentágono informó a Efe de que el Departamento de Salud y Servicios Sociales, encargado de la custodia de los menores, ha pedido asistencia para alojar a 20.000 niños inmigrantes de manera temporal.
Según ese portavoz del Pentágono, cuatro bases militares (tres en Texas y una en Arkansas) ya han sido evaluadas como posibles alojamientos para los menores por funcionarios del Departamento de Salud y Servicios Sociales, pero eso no significa que se haya tomado una decisión final.
La orden ejecutiva que firmó ayer Trump ya abría la puerta a que se detuviera a los inmigrantes en bases castrenses debido a que los centros habilitados para acoger a familias están cerca de su capacidad máxima, dijo hoy a Efe una portavoz del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
La capacidad
Esos centros para familias, regentados por el ICE, tienen capacidad para 3.326 inmigrantes indocumentados y actualmente albergan a 2.623, que están repartidos en tres instalaciones: una en Berks (Pensilvania) y dos en Texas, una en la localidad de Dilley y otra en Karnes City.
Por otro lado, para evitar la saturación de los centros de detención, el Gobierno instruyó el miércoles por la noche a la Patrulla Fronteriza que deje de transportar a los padres inmigrantes a las cortes federales donde hasta ahora se les estaban imputando cargos criminales, reveló The Washington Post.
Al no enviar automáticamente a los progenitores a los tribunales federales, los jueces no pueden presentar formalmente cargos criminales contra ellos, lo que significa que permanecerán junto a sus hijos y que podrán ser liberados mientras continúa el proceso judicial.
De esa forma, en la práctica, la decisión debilita la política de “tolerancia cero”, que obligaba a presentar cargos criminales contra todos los inmigrantes indocumentados que cruzaran la frontera con México.
A partir de ahora los padres no enfrentarán más cargos criminales, pero el resto de inmigrantes que viajen sin niños serán enjuiciados por la vía penal.