Violencia obliga a 675 niños a dejar sus hogares

Una familia tuvo que mudarse 8 veces para sobrevivir a las pandillas. Las migraciones forzadas afecta a 4 de cada diez menores en el país

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Una familia de Panchimalco, huye por amenazas de pandillas. Este es uno de los municipios que registra más casos de migraciones forzadas por violencia.

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20 June 2018

Una familia de 33 integrantes fue desalojada por las pandillas en ocho ocasiones en los últimos dos años y no descansaron hasta obligarlos a dejar el país, a principio de 2018, tan solo por haber entre ellos miembros de la Fuerza Armada.

Este es uno de los 675 casos que afecta a niños, adolescentes y jóvenes menores de 17 años que, según estadísticas de la Policía Nacional Civil, han sido víctimas del terror de las pandillas entre enero de 2016 y marzo de 2018, y que la fundación Cristosal ha documentado.

Solo en 2016 fueron desplazados 251 niños y adolescentes, un año después, otros 360 jóvenes. Mientras que en el primer trimestre de 2018, ya contabilizan 64 casos.

El calvario de una de esas familias forzadas a emigrar comenzó en 2016, cuando residía en una colonia de San Salvador, luego de que los delincuentes detectaran que entre ellos habían militares, empezaron a provocarlos y a amenazarlos.

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“Hay amenazas, lesiones, una violación y todo esto obliga a la familia a movilizarse a una zona del occidente del país, pero a su vez, denuncian el caso ante las instancias correspondientes en busca de algún tipo de ayuda y protección”, la que no recibieron, relata Julio Magaña, coordinador de Cristosal.

Pero el caso de la familia de militares no terminó en el occidente del país, porque de ahí tuvieron que salir huyendo hacia el oriente tras las amenazas de maras. En oriente, la situación cambió, ya no solo eran vulnerados por pandillas, sino por una estructura de la Policía, lo que en algún momento caldeó los ánimos y originó “el cruce de disparos que terminó en un asesinato de uno de sus miembros”, dice Magaña.

La incertidumbre incrementó en esta familia, que ya no hallaba qué hacer, pues no podían regresarse a San Salvador; la opción era ir a vivir a Usulután.

Las migraciones forzadas y constantes traían una estela de consecuencias.

“En San Salvador habían dejado todos sus bienes, sus trabajos, los niños y adolescentes sus estudios, y cuando ya sentían estabilizados en Usulután, surge de nuevo la amenaza”, asegura Magaña.

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A raíz de esa situación, tuvieron que salir del país para sobrevivir a la pesadilla impuesta por pandillas. El grupo familiar pidió ayuda a organizaciones sociales para obtener ayuda económica y legal.

“Recurrieron al amparo de la Sala de lo Constitucional tras la violación de sus derechos, no solo por los grupos delincuenciales sino por las estructuras del Estado” antes de irse del país para mantenerse a salvo, añade Magaña.