Nueve personas, entre ellas tres coroneles, acusados de integrar a un grupo de exterminio y de haber ordenado supuestamente la tortura de dos residentes de Apaneca, deberán ser procesados en la siguiente fase (instrucción) pero no en el Juzgado Especializado de Instrucción B de San Salvador, sino en el Juzgado de Instrucción de Ahuachapán, y además en libertad.
En la resolución, la jueza Antimafia de Instrucción B, sobreseyó definitivamente a dos médicos que fueron procesados por falsedad ideológica o alteración de documento oficial por falta de pruebas contra ellos.
La jueza Especializada consideró que el caso no reúne las condiciones para ser ventilado como parte del crimen organizado sino como delitos comunes en un juzgado ordinario, por lo que envió el proceso a un Juzgado de Instrucción de Ahuachapán.
Este proceso ya había sido resuelto a favor de los imputados en el mismo tribunal, al sobreseerlos definitivamente, sin embargo la Fiscalía apeló y la Cámara Especializada de Instrucción ordenó que se hiciera una nueva audiencia.
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Los coroneles que seguirán ligados al proceso son Leonel Ascencio, David Iglesias y Héctor Solano, además los civiles Rey Joaquín Nóchez Peña. Francisco Oquelí Aguirre, Santos Esteban Agustín y Miguel Ángel Pérez Puentes.
Dos mujeres más también son procesadas por estos mismos hechos: Sara Ernestina Sánchez, Leyla Mélida.
Ellos son procesados por los delitos de agrupaciones ilícitas, denuncias o acusaciones calumniosas, proposición y conspiración para delinquir y para cometer homicidio agravado.
Relato de los hechos
Los hechos de este caso están ligados a otro que se registró el 3 de junio de 2016 en colonia San Jorge, Apaneca, en el que ocho soldados fueron condenados a 14 años de prisión por torturar a dos jóvenes el 31 de marzo de 2017, según resolución del Tribunal de Sentencia de Ahuachapán.
Los soldados, quienes estaban destacados entonces en diferentes brigadas militares, fueron enviados a buscar a clave Cero y Caoba, quienes 12 días antes irrumpieron en una casa de campo del coronel Federico Reyes Girón, jefe financiero del Ejército, y tras someterlo junto con su esposa les robaron un arma de fuego, 600 dólares, celulares y otras pertenencias.
A lo largo del proceso, e incluso tras haber sido condenados, los soldados aseveraron -a través de algunos de sus familiares- que únicamente acataron las órdenes que presuntamente les dieron los coroneles Solano Cáceres y Ascencio.
Cuatro abogados, un fiscal, un policía, dos empleados judiciales y un médico también están entre los acusados.