La Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, comunicó este martes la admisión de cinco demandas de irregularidad a la Ley de Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia, la cual fue aprobada en la Asamblea Legislativa en el 2015 y que obliga a los salvadoreños a pagar un 5% por uso de telefonía e internet.
De acuerdo al máximo tribunal, esta resolución permitirá analizar la presunta vulneración al principio de equidad tributaria, ya que los demandantes indican que el tributo establecido en el artículo 1 inciso 1º de la Ley no es una contribución especial, sino un impuesto.
Se estudia además “la presunta vulneración al principio de unidad de caja de la Hacienda Pública, debido a que el artículo 11 de la ley establece que los fondos recaudados por el pago de la contribución especial se destinarán a financiar única y exclusivamente a la seguridad ciudadana y convivencia, y no a la necesidades y obligaciones generales del Estado”.
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El nuevo impuesto aprobado por la Asamblea Legislativa incluye servicios como la facturación de telefonía móvil postpago, la compra de nuevos aparatos telefónicos, tabletas electrónicas y TV por cable, entre otros
La normativa aprobada en octubre de 2015 vino a golpear el bolsillo de los salvadoreños al cargar un nuevo impuestos del 5% por el uso de las telecomunicaciones, el cual incluye servicios como la facturación de telefonía móvil postpago, la compra de nuevos aparatos telefónicos, tabletas electrónicas y otros aparatos además de tarjetas que contengan el módulo de identificación de abonado (SIM). De acuerdo a las autoridades, los fondos son destinados a los programas en materia de Seguridad.
Sala admite demandas contra contribución especial a la utilización de servicios de telecomunicaciones https://t.co/DDmiHeJMZq
— Sala de lo Cnal. (@SalaCnalSV) 12 de junio de 2018
No obstante, funcionarios, empresarios y representantes de organismos han denunciado que los fondos son usados con otros fines y que poco o nada se ha logrado en materia de Seguridada desde que la ley entró en vigencia.