El martes llegaron algunos empresarios del transporte público a la Asamblea Legislativa para solicitar un aumento al subsidio. Genaro Ramírez, presidente de la Asociación de Empresarios de Autobuses Salvadoreños (AEAS), pidió que el monto subiera de $200 a $650 para microbuses y de $400 a $1,260 para los buses.
“Antes de afectar a la población con aumento de la tarifa de transporte pedimos que se revise el alza del subsidio (…). En los últimos meses ha existido un incremento en los precios del combustible y la expansión de competencia desleal e ilegal de transporte que ha reducido la demanda en un 40 %”, aseguró Ramírez.
Los transportistas estuvieron acompañados por el nuevo diputado Raúl Beltrán Bonilla, del PCN. Las reacciones no se hicieron esperar. En redes sociales abundaron los comentarios de desaprobación para los empresarios y para el experiodista, a quien, entre otras cosas, le recordaron las críticas que hacía desde su programa radial al pésimo servicio que estos brindan.
El parlamentario se desmarcó asumiendo una postura tibia. “Los acompañé porque tienen 90 días de que no les pagan. No estoy de acuerdo con aumentar el pasaje ni el subsidio; lo que quiero es evitar un caos”, dijo.
Hay suficientes razones para oponerse a un aumento al subsidio, más allá del descontento que nos causan los buseros con sus actitudes al volante, el constante irrespeto a la ley y la anarquía de detenerse dónde se les da la gana.
Un subsidio es una ayuda económica asistencial con duración determinada. La temporalidad es el factor que se ha olvidado en este y otros tantos subsidios, probablemente por su rédito electoral. No estoy en contra de ellos; son necesarios, más en un país donde los ingresos apenas alcanzan a varios salvadoreños para vivir. Sin embargo, deben prestarse con miras a sacar de la situación precaria que motiva a proporcionarlos, no para mantenerla. Nuestro sistema subsidiario ha sido una curita que disimula el sangramiento de una herida casi gangrenada.
Además, que un aumento al subsidio sea indispensable para no afectar al usuario, como dice Ramírez, no es del todo preciso. El dinero sale de las arcas del Estado, por tanto, del bolsillo de todos los que pagamos impuestos; y si no hay fondos, saldrá de deudas que serán pagadas por las futuras generaciones. De una forma u otra, la población lo paga.
Tenemos también el deterioro en las unidades del transporte público. Por lo general, vemos chatarras circulando por nuestras ciudades, con peligro de sufrir desperfectos mecánicos y sin garantizar condiciones dignas para los usuarios o facilidades de acceso para personas con discapacidades. Lastimosamente, el pésimo estado se ha convertido en parte de nuestro folklore, más que en una preocupación.
A esto se suman las emisiones de gases generadas por los buses. Mientras lee esto, imagínelos echando humo negro por la ciudad. En 2016, la unidad de datos de El Diario de Hoy evidenció la baja calidad del aire en San Salvador y Soyapango. En abril de 2017, un estudio presentado por la Universidad Tecnológica mostró la elevada contaminación en el aire por diésel.
En una nota sobre el estudio, publicada en este periódico, se explicaba que la cantidad de contaminación detectada superaba de forma alarmante el umbral de seguridad establecido por entidades internacionales. Uno de los contaminantes, emitido por los buses, es el cianuro de hidrógeno, con concentraciones perjudiciales para la salud. Se ilustraba el potencial mortal de la sustancia recordando que fue usada por los nazis en las cámaras de gas durante la II Guerra Mundial.
Y mientras está en riesgo la salud de miles de salvadoreños, el gobierno ha dado, entre enero y abril de 2018, más de $13 millones, cuando el presupuesto anual del Hospital Rosales es de poco más de $45 millones.
Por otra parte, se debería controlar cuántas multas pendientes de pago tienen los transportistas, ser más severos en cobrarlas y revocar la licencia a los conductores recurrentes en faltas. ¡Ya basta de tanta condescendencia!
Son millones los que se van cada año en un barril sin fondo llamado transporte público. Sería injusto aumentar el subsidio “así nomás”.
Es momento de analizar seriamente el tema y buscar soluciones integrales, aunque lleven a reconsiderar quiénes deben ser los responsables de brindar este servicio.
Periodista. Máster en
comunicación corporativa.
jgarciaoriani@gmail.com