WASHINGTON. Un grupo de legisladores estadounidenses pidió ayer al presidente Donald Trump que sancione a dos nicaragüenses, Francisco Díaz y Francisco López, cercanos al mandatario de Nicaragua, Daniel Ortega.
En una carta, los parlamentarios de EE. UU. reclamaron a Trump que investigue y valore castigar a Díaz, jefe de la Policía de Nicaragua, y a López, tesorero del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y vicepresidente de la petrolera Albanisa, propiedad de la venezolana PDVSA.
Los senadores, entre los que están Marco Rubio y Ted Cruz, urgieron al Ejecutivo estadounidense a que aplique sanciones a Díaz y López en virtud de la llamada “Ley Global Magnitsky sobre Responsabilidad de Derechos Humanos”, que autoriza al presidente a bloquear o revocar visados de ciertos ciudadanos.
“A medida que empeora la situación política en Nicaragua, le pedimos que determine si los ciudadanos nicaragüenses Francisco López y Francisco Díaz cumplen con los criterios para rendir cuentas bajo la Ley Global Magnitsky”, escribieron.
En su misiva, relataron la escalada de violencia que se ha vivido en las últimas semanas en Nicaragua, donde 127 personas han muerto y cerca de un millar ha resultado herido desde que el 18 de abril se iniciaran las protestas contra el Gobierno de Ortega, según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Por ese motivo, reclamaron a Trump que indague acerca de Díaz para determinar si debe ser sancionado “por abusar de los derechos humanos de los nicaragüenses y su papel en los homicidios de decenas de manifestantes”.
Por otro lado, los legisladores señalaron que López “debe ser sancionado” por haber firmado contratos de préstamos irregulares y beneficiarse de exenciones de impuestos desde su cargo de vicepresidente de Albanisa.
A lo largo de la crisis nicaragüense, el Gobierno estadounidense ha exigido que los responsables de asesinatos y abusos de derechos humanos en ese país centroamericano “deben ser llevados ante la Justicia”.
Por su parte, el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, cargó este martes contra Ortega por cometer actos de “terrible violencia” contra su gente, incluyendo ataques durante la “Madre de todas las marchas”, celebrada el 30 de mayo, en la que hubo 15 muertos y 199 heridos, de acuerdo con cifras del Gobierno nicaragüense.
También, la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, fundada por la expresidenta de Nicaragua que le dio su nombre, condenó ayer la “persecución política” del Gobierno de Ortega “a líderes de opinión pública”.
“Condenamos enérgicamente la persecución política y las tácticas intimidatorias que se develan con las actuaciones del Gobierno en contra de líderes de opinión pública, directores de medios, y periodistas”, señaló la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, en un comunicado.
La Fundación resaltó de manera especial al director ejecutivo del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), Félix Maradiaga y al director de Radio Darío, Aníbal Toruño.
Maradiaga fue acusado por la Policía Nacional como cabecilla de una banda del crimen organizado que estaría detrás de delitos de narcotráfico, terrorismo, asesinato y robo, entre otros.