Desde la década de los años 80, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha hecho un esfuerzo por hacerse de inmuebles para funcionar, pero a casi 40 años de esa lucha aún requiere de la mitad de edificios para operar y administrar justicia.
La falta de esos inmuebles hace que la Corte, mes a mes, tenga que sacar de sus finanzas más de 331 mil dólares en pago de alquiler para el funcionamiento de tribunales de justicia, oficinas administrativas, bodegas e instalaciones de Medicina Legal a nivel nacional.
Un reporte de la Corte sobre infraestructura hasta 2018 revela que la institución ocupa un total de 416 edificaciones, que son desde pequeñas casas hasta centros judiciales integrados en todo el país, donde su personal: jueces y magistrados y demás personal, trabajan a diario.
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De la totalidad de inmuebles en que operan, 191 son de su propiedad, lo que representa más del 46 por ciento, según se desprende de un informe solicitado por El Diario de Hoy vía acceso a la información. (Ver más detalles en gráficas).
Las restantes 225 propiedades, es decir, la mayoría, son alquiladas en los 262 municipios del país, incluyendo San Salvador, donde la Corte ha avanzado en la construcción de grandes edificaciones en los últimos 20 años.
Pero a diferencia de instituciones estatales como el caso de la Policía Nacional Civil, cuyos arrendatarios con frecuencia se quejan por el pago impuntual de los alquileres, la Corte Suprema está al día con sus pagos y en los pocos casos que adeuda es porque los proveedores están fuera del país, han fallecido o han perdido comunicación.
En cuanto a los costos por alquiler, las cuentas revelan que San Salvador es el departamento donde la Corte paga los montos más elevados de alquiler, y llegan a quintuplican los que se pagan en San Miguel y Santa Ana. Estos tres departamentos son donde son más caros los arrendamientos.
En San Salvador paga más
Solo en San Salvador, la Corte desembolsa 150 mil dólares mensualmente por el uso de inmuebles ajenos, lo que equivale a un 21 por ciento del presupuesto destinado a ese rubro. El dato guarda una estrecha relación con el hecho de que en este departamento hay una intensa actividad delictiva en este departamento y por tanto se requiere una respuesta a través de los tribunales de justicia.
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Un informe de la Fiscalía General de la República de 2017, reveló que el departamento de San Salvador registra entre 6,227 y 15,337 delitos semestrales, lo que representa casi la tercera parte de todos los hechos delictivos que ocurren en todo el territorio nacional.
De ahí, la necesidad de contar con sedes judiciales en los diversos municipios de San Salvador y en la llamada Área Metropolitana de San Salvador que abarca municipios de otros departamentos como Santa Tecla. Los costos de alquiler de un inmueble en esta zona van desde 230 a 28,000 dólares por mes.
Comparado con lo que la Corte paga por alquiler en el interior del país, como en el caso de Santa Ana, los montos bajan significativamente a entre 250 a 2,100 dólares por mes. Lo mismo sucede con San Miguel, en donde los costos van de 209 a 3,164 dólares por mes, departamentos que, después de San Salvador, son de los más caros en cuanto a pago de arrendamiento.
Los más económicos
Los alquileres más económicos para la Corte están ubicados en el departamento de Cabañas, en donde mensualmente, la institución paga 5,160 dólares por el alquiler de varios inmuebles. El rango de renta anda entre 350 a 1,400 dólares.
Por otro lado, la Corte tiene que invertir en el costo de mantenimiento de la infraestructura propia para su adecuado funcionamiento.
Solo en ese rubro, la institución eroga entre 52 mil y 98 mil dólares anualmente en el mantenimiento y reparaciones de los edificios o centros judiciales. La Corte registra un total de 45 centros judiciales, siendo los principales el Isidro Menéndez en San Salvador, el de Santa Tecla, Ciudad Delgado, Soyapango, Santa Ana, San Miguel y los restantes que se ubican en las cabeceras departamentales del país.
A la fecha, un reporte de la institución reveló que en 35 centros la ocupación o el uso de sus instalaciones era del cien por ciento, es decir, de casi un 78 por ciento.
Los centros judiciales con espacios previstos para un futuro son Ciudad Delgado (un 6%), Suchitoto en Cuscatlán (25 %), Soyapango (16 %), Centro Judicial de Jucuapa en Usulután (17 %), Centro Judicial de Santiago de María en Usulután (29 %), Centro Judicial Integrado de Santa Tecla, el más reciente (7 %), Centro Judicial Doctor Francisco Guerrero, el más antiguo (78 %) y el Centro Judicial de Berlín, Usulután (21 %)
Los edificios más recientes son los que ocupan el Centro Judicial de Santa Tecla, Soyapango y Ciudad Delgado. El de Santa Tecla tuvo un costo superior a los $30 millones, una obra que empezó en 2003 y terminó con la entrega del edificio en 2017.
Gran parte de la actividad judicial que se desarrollaba en el antiguo edificio sobre la Calle Chiltiupán fue trasladada al nuevo edificio sobre la Carretera Panamericana, al igual que los Tribunales de Sentencia alojados en un local aparte. Con la conclusión de las obras del nuevo edificio de justicia en Santa Tecla, toda la actividad judicial de esa importante ciudad se trasladó al nuevo edificio desde enero de 2017.
En el caso de Soyapango, sucedió lo mismo, las instalaciones de los Juzgados estaban dispersos en el municipio, lo que afectaba los procesos judiciales, pero con la construcción del nuevo edificio en 2004 sobre la calle al Matazano se integró nueve juzgados en un solo edificio.
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Hasta el 2017, un reporte institucional indicaba que solo el 32 por ciento de su capacidad era usada.
Sin embargo, el edificio estaba previsto para el futuro crecimiento de demanda de justicia en la zona. En su caso, las instalaciones lucen en óptimas condiciones.
Pese al sistema de mantenimiento que revela la Corte, las edificaciones más antiguas comienzan a dar problemas, un ejemplo de ello es el Centro Judicial Isidro Menéndez, que tiene la mayor carga de trabajo, ya presenta problemas en los ascensores y aires acondicionados.
Los elevadores en algunos casos solo funciona la mitad de ellos, los otros presentan fallas, y peor aún, los que están en uso en ocasiones por falta de un adecuado mantenimiento se quedan varados en las alturas, lo que ya creó pánico entre fiscales, periodistas, abogados y otras personas que a diario deben acudir a ese centro.
En algunas salas de audiencias, el aire acondicionado ya no funciona a cabalidad y la temperatura se eleva más cuando hay audiencias que reúnen 100 o 200 imputados por una semana o más de un mes.
La Corte, es una de las instituciones con un presupuesto fijo que recibe por mandato constitucional, el cual corresponde al 6 por ciento del presupuesto general del país.
El presupuesto 2018 de la Corte, asciende a $274.6 millones, el cual es superior en 9.5 millones al que se le asignó el año pasado.
El monto presupuestario que recibe la Corte es siempre cuestionado, sobre todo por la distribución que hace en materia salarial y bonificaciones como las de medio año.
Teniendo un presupuesto alto, la Corte no ha logrado levantar las edificaciones suficientes para albergar las sedes que operan en sitios alquilados. Por ejemplo, la construcción del Centro Judicial Integrado de Segunda Instancia en San Salvador lleva tres años de retraso y mucho dinero adicional invertido.