Entre las acciones de contención del gasto anunciadas destacan que los incrementos salariales del sector público serán por una suma fija, y no habrá incremento en el monto que se paga por algunos pluses salariales.
Además de utilizar un máximo del 25 por ciento de las plazas vacantes en el sector público; que el 10 por ciento de los empleados haga teletrabajo, la renegociación de convenciones colectivas y no pagar nuevos alquileres de edificios.
El Gobierno también establecerá una nueva escala para reducir el pago por dedicación exclusiva para nuevos funcionarios y renegociará los pluses abusivos de las convenciones colectivas.
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El presidente Alvarado urgió al Congreso la aprobación de la reforma tributaria y además de una nueva ley de empleo público que ordene las escalas salariales y los pluses, para continuar siendo "responsables con el manejo de las finanzas públicas".
La reforma tributaria, llamada Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, tiene como punto estrella la conversión del impuesto de ventas del 13 por ciento en uno de valor agregado (IVA) de la misma tasa pero que gravará los servicios y más productos.
Costa Rica registró un déficit fiscal del 6,2 por ciento del PIB en 2017 y las proyecciones oficiales indican que en 2018 llegará al 7,1 por ciento si no se aprueba una reforma. ACAN-EFE