Un tipo pagaba sus gastos corrientes con la tarjeta de crédito. Llegaba al límite y pedía un préstamo para cancelar el saldo. Tiempo después alcanzaba nuevamente el límite, y pedía un segundo préstamo. Repetía el ciclo con un tercero. Luego con un cuarto, un quinto, y así.
Mayo de 2009. El gobierno topó la tarjeta de crédito de las Letras del Tesoro (LETES). La Asamblea Legislativa le autorizó emitir US$800 millones en bonos para pagar esa deuda.
Octubre de 2012. Llegó nuevamente al límite, y necesitaba continuar utilizándola para sus gastos corrientes. Se le autorizó endeudarse por US$800 millones.
Abril de 2015. El gobierno topó de nuevo la tarjeta. La Asamblea le autorizó US$900 millones. La Sala de lo Constitucional, por un asunto de forma, invalidó esa autorización.
Noviembre de 2016. Otra vez. La quería seguir usando para sufragar sus gastos corrientes. Se le autorizó deuda por US$550 millones.
Julio de 2017. La Sala de lo Constitucional revisaba si era válido autorizar la emisión LETES con un mínimo de 43 diputados, y no de 56, como se exige regularmente con la deuda pública. Finalmente dijo que bastaba la simple mayoría simple (solo un magistrado discrepó).
La Sala libró al gobierno de ese candado de disciplina fiscal. Pero le recordó que el uso de las LETES es únicamente para cubrir deficiencias temporales de ingreso, y que su práctica sistemática reflejaba un “uso excesivo y arbitrario” del mecanismo. El gobierno recibió la palmadita en el dorso de la mano, y volvió a lo suyo.
Mayo de 2018. Nuevamente topó la tarjeta. Quiere, otra vez, continuar utilizándola. El gobierno pidió que se le autorice emitir bonos por US$800 millones. La pelota la tiene la Asamblea.
El parlamento puede autorizar esa emisión de deuda incondicionalmente. Con ello permitirá que el ciclo continúe.
En un artículo publicado en noviembre decía que en esta fiesta de las LETES solo algunos se emborrachan, pero la goma sí la padeceremos todos. Y es que la realidad siempre se impone. Cuando llegue el momento de ajustar las cuentas, esas las pagará usted, y no quienes desde sus cargos temporales tomaron las decisiones que nos llevan a donde vamos.
Otra opción del congreso es exigir disciplina fiscal. Una manera de hacerlo es: 1. Autorizar la emisión por una cantidad significativamente menor; 2. Reducir el gasto público, y el resto del saldo pagarlo con los ingresos corrientes del Estado (como debería ser); y 3. Bajar el límite de la tarjeta de crédito. Para los dos últimos puntos debería reformarse la Ley del Presupuesto de 2018, por una parte, reduciendo las partidas presupuestarias menos necesarias, y por otra, reduciendo el límite de deuda flotante.
El FMI acaba de dar una señal de alerta. Recomendó “un ajuste fiscal adicional de 2 % del PIB distribuido a lo largo de 2019-20. Este ajuste pondría la deuda en una trayectoria descendente, reduciéndola, como una meta intermedia, a menos de 60 % del PIB para 2024. En este escenario, la deuda disminuiría a un nivel más cómodo de menos de 50 % del PIB antes de 2030”.
Pero el “no, gracias” vino desde el Banco Central de Reserva. Dijo: “Si bien el FMI considera necesario continuar con medidas de consolidación fiscal por las necesidades de financiamiento de mediano plazo, una parte de los miembros del Directorio considera conveniente hacer un ajuste con una mayor gradualidad, debido a su posible impacto (negativo) en el crecimiento económico, lo cual está en línea con el análisis que el Banco Central ha reiterado en diferentes oportunidades”.
Hoy la Asamblea decidirá si la fiesta continúa o si le pone un alto.
Columnista de El Diario de Hoy @dolmedosanchez