El Supremo de Honduras designará este miércoles a un juez natural que conocerá el caso de dos diputados del Parlamento contra quienes el pasado día 24 fue presentado un requerimiento fiscal por tres delitos de presunta corrupción, informó este martes una fuente oficial.
El juez será nombrado en una reunión del pleno de la Corte Suprema de Justicia, dijo a periodistas el titular del poder judicial, Rolando Argueta.
Los diputados contra los que fue presentado el requerimiento fiscal son José Tomás Zambrano y Román Villeda, del gobernante Partido Nacional de Honduras.
El requerimiento fue presentado por la Unidad Fiscal Especial Contra la Corrupción y la Impunidad del Ministerio Público (UFECIC).
Los diputados, según la UFECIC, incurrieron en "falsificación de documentos, abuso de autoridad y delitos contra la forma de Gobierno", ligados a una reforma a la Ley de Presupuesto en enero.
El anuncio del requerimiento fiscal lo hizo en un comunicado el equipo de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), de la Organización de Estados Americanos (OEA), y la UFECIC.
La MACCIH indicó que propuso al Ministerio Público que el caso fuera remitido a la UFECIC para ser "investigado por los equipos integrados de investigación y persecución penal, hallando indicios suficientes de que se trataría de una aprobación anómala de la Ley de Presupuesto".
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Según la MACCIH, Zambrano y Villeda habrían realizado "conductas delictivas" para violentar la voluntad del pleno del Parlamento con la presunta finalidad de crear una ley que favorecería a cinco diputados que estaban siendo procesados en ese momento por el mal manejo de fondos públicos y a otros que pudieran ser investigados.
El caso es investigado desde diciembre de 2017 y es conocido como el "Pacto de impunidad" mediante el cual se pretendería proteger a diputados implicados en presuntos actos de corrupción.
La MACCIH recordó que el 18 de enero pasado el Parlamento modificó por adición la Ley de Presupuesto, incluyendo disposiciones "distintas a las aprobadas" por el pleno de los diputados.
Eso produjo la imposibilidad de iniciar investigaciones contra los funcionarios que hubieran manejado fondos públicos, mientras no culmine la investigación administrativa del Tribunal Superior de Cuentas en el plazo de tres años.
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Luego de conocer sobre el requerimiento fiscal, Zambrano dijo a periodistas que, "con la frente en alto", se presentarán ante la justicia para responder y que espera que cuando se les extienda la "carta de libertad" les dediquen el mismo espacio que se le ha dado a la denuncia de la MACCIH.
Añadió que son "inocentes", que creen en el Estado de derecho y la justicia del país, y que tienen un equipo de abogados para defenderse. ACAN-EFE