La recuperación de los territorios bajo dominio de las pandillas, a través de la intervención social de las comunidades, la neutralización de la operatividad criminal de las maras y evitar que la Policía Nacional Civil (PNC) se siga deformando son parte de la deuda en materia de seguridad pública que arrastra el gobierno de Salvador Sánchez Cerén al cumplir su cuarto año al frente del Ejecutivo, según académicos consultados por El Diario de Hoy.
Señalaron, además, que lo anterior se convierte en los principales retos que deberá de enfrentar el próximo Gobierno en aras de mejorar la seguridad pública.
Mantener el carácter civil de la Policía y del resto de instituciones que trabajan en tareas de seguridad pública, y seguir con el combate de la corrupción e impunidad en todas sus manifestaciones, son otras de las tareas que deberán fortalecer los próximos gobernantes.
Salvador Samayoa, quien dirigió el desaparecido Consejo Nacional de Seguridad Pública, destaca que el principal reto radica en la recuperación de las zonas influenciadas por las pandillas, pero a través de una intervención social de los barrios populares.
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“Es cambiarle el rostro, el alma y toda la funcionalidad a los barrios populares, con eso va haber un quiebre en los patrones de violencia y en los patrones de reclutamiento de la pandilla”, dice Samayoa, quien agrega que “sin entrar en una intervención mucho más efectiva y consistente en los barrios populares, en la intervención del Estado en su conjunto, la salud, la vivienda, los espacios públicos, el orden. La educación, sin duda, cambiarla y mejorarla especialmente en las escuelas públicas de esos barrios, creo que sin hacer eso, es muy difícil que cortemos de raíz el problema”.
Agrega que “la selección de municipios que forman parte del Plan El Salvador Seguro no se basó en los mejores criterios técnicos”. Señala que “parece que no se ha aprendido sobre la lógica del funcionamiento de las pandillas y otros grupos criminales. Es imposible reducir la violencia si no se logra entender de dónde proviene y cómo se produce”.
Cree que el “componente preventivo del Plan El Salvador Seguro parece no estar produciendo los efectos deseados” y destaca que “los índices delincuenciales aún son elevados en los municipios cubiertos por el plan”.
A su juicio, “las reducciones que el Gobierno reclama haber obtenido no compensan los elevados costos sociales y políticos en que se está incurriendo con el combate frontal a las pandillas”. Carcach advierte que “el Gobierno debe resistirse a implementar cualquier estrategia que lleve a la ciudadanía a preferir la adopción de medidas punitivas -Ej: pena de muerte, exterminio de pandilleros, etc.”, continúa Carcach.
Pero además de trabajar en la reducción del crimen, debe de enfocarse en mejorar la percepción de inseguridad que tiene la ciudadanía porque lo anterior “no ocurre con vehículos blindados en las calles o en las plazas”.
Agrega Carcach que “el Gobierno debería de incrementar la presencia policial en las calles, autobuses, en los alrededores de escuelas. No queremos equipos tácticos, sino simples agentes de seguridad pública”.
A juicio de Samayoa, este Gobierno ha tenido sus aciertos en cuanto al combate del accionar de las pandillas y la violencia. Destaca la reducción de los homicidios y la debilitación de los grupos pandilleriles con el decomiso de inmuebles, dinero y bienes a través de tres operaciones que han golpeado las finanzas de la mara Salvatrucha (MS).
“Estamos abajo de 60 (homicidios por cada 100 mil habitantes), que es gravísimo de todas maneras, pero es muy importante la disminución que ha habido y una disminución lograda no a base de una tregua fraudulenta, como se hizo en el 2012, sino una disminución que se ha logrado a base de la operatividad del sistema de seguridad pública”, dijo Samayoa. Reconoce que no se tienen cifras confiables de extorsiones o de otros delitos. Reflexionó que no todos los delitos son problema de seguridad pública, sino más bien se dan en el ámbito privado como la violencia intrafamiliar o los actos de corrupción estatal.