La Unidad Fiscal Especial Contra la Corrupción y la Impunidad del Ministerio Público (Ufecic) de Honduras presentó este jueves un requerimiento fiscal contra dos diputados del Parlamento por tres delitos de presunta corrupción.
Se trata de los diputados Román Villeda y José Tomás Zambrano, del gobernante Partido Nacional, acusados por presunta "falsificación de documentos, abuso de autoridad y delitos contra la forma de Gobierno", ligados a una reforma a la Ley de Presupuesto en enero.
El anuncio lo hizo en un comunicado el equipo de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), de la Organización de Estados Americanos (OEA), y la Ufecic.
Caso denominado “Pacto de Impunidad”, se originó el 11 de diciembre 2017. La investigaciones continuan y HOY se demuestra una vez más, el compromiso de #MACCIH y #UFECIC-@MP_Honduras para seguir impulsando la lucha anticorrupción. pic.twitter.com/9OM24gK1P7
— MACCIH (@OEA_MACCIH) 24 de mayo de 2018
La MACCIH indicó que propuso al Ministerio Público que el caso fuera remitido a la Ufecic para ser "investigado por los equipos integrados de investigación y persecución penal, hallando indicios suficientes de que se trataría de una aprobación anómala de la Ley de Presupuesto".
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Según la MACCIH, Villeda y Zambrano habrían realizado "conductas delictivas" para violentar la voluntad del pleno del Parlamento con la presunta finalidad de crear una ley que favorecería a cinco diputados que estaban siendo procesados en ese momento por el mal manejo de fondos públicos y a otros que pudieran ser investigados.
El caso viene siendo investigado desde diciembre de 2017 y es conocido como el "Pacto de impunidad", mediante el cual se pretendería proteger a diputados implicados en presuntos actos de corrupción.
La MACCIH recordó que el 18 de enero el Parlamento modificó por adición la Ley de Presupuesto, incluyendo disposiciones "distintas a las aprobadas" por el pleno de los diputados.
Eso produjo la imposibilidad de iniciar investigaciones contra los funcionarios que hubieran manejado fondos públicos, mientras no culmine la investigación administrativa del Tribunal Superior de Cuentas en el plazo de tres años.
En enero Zambrano indicó que lo que hubo fue una "fe de errata" en la publicación en el diario oficial La Gaceta sobre la reforma a la Ley de Presupuesto, y que no se ha pretendido favorecer a nadie.
Hoy, Zambrano, hablando también a nombre de Villeda, dijo a periodistas que, "con la frente en alto", se presentarán ante la justicia para responder y que espera que cuando se le extienda la "carta de libertad" les dediquen el mismo espacio que se le ha dado a la denuncia de la MACCIH.
Añadió que son "inocentes", que creen en el Estado de derecho y la justicia del país, y que tienen un equipo de abogados para defenderse.
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El poder judicial estaría designando la próxima semana a un juez natural para que conozca el caso.
La MACCIH señaló que seguirá trabajando en la investigación y tramitación de los casos que ya se han hecho públicos y otros pendientes de presentar ante los órganos jurisdiccionales correspondientes, en el marco del convenio entre el Gobierno de Honduras y la OEA para operar en el país.
Algunos sectores, al parecer ligados a presunta corrupción, abogan por la salida del país de la MACCIH, ente que cuenta con el respaldo de la comunidad internacional. ACAN-EFE