La Fundación para el Debido Proceso de Ley (DPLF por sus siglas en inglés) plantea las debilidades que tiene el Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa, pero a la vez propone 9 puntos que pueden contribuir a una buena elección de los 5 magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que deben de haber nombrado antes de que finalice el mes de julio.
“La elección de autoridades de segundo grado por la Asamblea Legislativa de El Salvador: Una mirada crítica a su Reglamento Interior, desde los estándares internacionales sobre independencia judicial”, se denomina el informe hecho público por DPLF.
Uno de los puntos que destacan como elemento que puede incidir negativamente en la selección de estos funcionarios, es la facultad que tiene la Comisión Política del Congreso para depurar la lista de aspirantes a magistrados.
“El Reglamento Interno no establece ningún tipo de parámetro objetivo para realizar esta “depuración”, más allá de la finalidad que se persigue. Con ello, la Comisión Política podría eliminar de la lista corta, a los aspirantes mejor calificados, si con ello considera que puede promover el consenso de las fuerzas políticas representadas en la Asamblea”, plantea el informe.
Pero aparte de sus cuestionamientos también plantea la aplicación de mecanismos que ayuden al proceso de selección de estos funcionarios.
“La transparencia proactiva, la máxima publicidad, la objetividad de los criterios de evaluación y la incorporación de mecanismos efectivos de participación de la sociedad civil en los mecanismos políticos de designación, son algunas de las medidas adecuadas para alcanzar ese objetivo”,sostiene DPLF (ver listado).
Amplia discusión
Por ejemplo, dice que debe de haber una discusión sobre cada uno de los candidatos, basada en criterios objetivos, tomando en cuenta las calificaciones previamente realizadas (por el CNJ, la subcomisión), y, por consiguiente, que se hagan expresas las justificaciones por las cuales se elige, o no, a un candidato.
Un elemento novedoso que propone esta institución que tiene su sede en Washington, es que en el proceso de entrevistas a los candidatos tenga participación activa la sociedad civil.
“De acuerdo con estándares internacionales, deben celebrarse entrevistas, comparecencias o audiencias públicas, en las que la ciudadanía tenga la posibilidad de conocer a los candidatos y candidatas, y de expresar sus inquietudes o su apoyo respecto de ellos”, se añade.