No debe de ser nada cómodo estar en los zapatos de la empresa privada. Me refiero a los empresarios grandes, que se pueden contar con los dedos de la mano, que decidieron establecer una alianza con la familia Ortega durante la última década. Es decir, la cúpula empresarial que ha utilizado al Cosep (Consejo Superior de la Empresa Privada) como vocero y defensor de sus intereses. Esta unión de intereses “tácticos” permitió que capitales nacionales se consolidaran y expandieran y se creara un clima económico estable que incluso atrajo inversión extranjera. El “quid pro quo” entre este sector y los Ortega-Murillo ha sido objeto de amplio análisis, así que no me detendré a enumerarlo.
Lo que ahora ha quedado en evidencia es el costo acumulativo que estamos viviendo por haberse empeñado los principios democráticos más fundamentales, a cambio de asegurar un espacio económico rentable y “estable”. No estoy emitiendo juicio alguno sobre la búsqueda del gran capital por la rentabilidad, ya que a fin de cuentas la función del capital en el sistema capitalista es crear rentas y el papel de los empresarios es generar ganancias. Ello requiere de un clima económico estable, entendido.
Lo que sí merece un detenido análisis es ese costo acumulativo que ahora estamos pagando y del que el “quid pro quo” no se libra. Este condujo a que las élites empresariales cerraran los ojos mientras el orteguismo desmantelaba uno a uno los pilares de la institucionalidad democrática y tejía un entramado de corrupción, nepotismo y autoritarismo peor que el de la dictadura somocista.
Mientras el régimen hiciera las concesiones que la cúpula empresarial requería para invertir y crecer, simplemente se dio por visto —o no visto— todo lo demás, ese era el arreglo. Como resultado hemos pasado del somocismo al orteguismo, y aunque ha habido crecimiento, inversiones y expansión del consumo, las bases sobre las que se construye una nación democrática, libre y soberana, están hecha pedazos.
Hoy esa confortable alianza les ha explotado en la mano, al revelarse abierta y masivamente la faceta sanguinaria del régimen: el asesinato, a sangre fría, de más de cincuenta jóvenes ejerciendo sus derechos ciudadanos. Asimismo, la transformación de la Policía Nacional, un cuerpo pagado por los nicaragüenses para garantizar su seguridad ciudadana, convertida cruel e irresponsablemente en maquinaria represiva y mortal contra el propio pueblo. La caza despiadada de jóvenes en las calles ha hecho revivir en el imaginario colectivo acciones del somocismo que creíamos haber desterrado de nuestro país para siempre. Ni digamos la reciente ola de agresión contra el pueblo de Masaya.
Si esta insurrección comenzó con un grupo de jóvenes protestando por los bosques y el Seguro Social, hoy el país entero se ha volcado en las calles, pacíficamente, en repudio del régimen. Este rechazo generalizado cruza generaciones, clases sociales, colores políticos, religiones e ideologías. Es el pueblo nicaragüense reclamando lo que justamente le pertenece, el derecho a vivir en un país libre, justo, donde prevalezca el imperio de la ley y la institucionalidad democrática. Es la ciudadanía siguiendo la voz de su conciencia, rechazando los crímenes contra la sociedad civil, que de continuar se convertirán en crímenes de lesa humanidad. Es un rechazo contundente al orteguismo que ha demostrado no ser más que un triste resabio del somocismo.
De manera que hoy la cúpula empresarial tiene dos caminos. Puede continuar en la ruta que ha venido o puede rectificar su camino.
Pueden tratar de hacer un pacto con el orteguismo, bajo guisas de armar un “consenso” con algunos grupos selectos, que permitiría a la pareja presidencial seguir gobernando por un tiempo acordado. La justificación sería que la salida de la pareja presidencial puede crear un vacío de poder peligroso, que podría desembocar en una seria desestabilización económica. Por tanto, habría que mantener el status quo, con algunos ajustes y hacer caso omiso de la conciencia. En otras palabras, más de lo mismo, con baño de mermelada.
Contrariamente, pueden rectificar su camino y tratar de recuperar su liderazgo rechazando categóricamente la continuación del actual gobierno. La cúpula empresarial tiene un papel muy importante que jugar, tal como lo jugó con el derrocamiento de la dictadura, conformando una coalición nacional fuerte, que agrupe a todos los sectores políticos y sociales, para exigir civil y ordenadamente la dimisión del presidente y su esposa. Los nicaragüenses lo han dicho claramente al tomarse las calles en todo el país: gobernantes manchados de sangre no tienen derecho a gobernar. Basta.
Si los empresarios optan por más de lo mismo, pensando que un pacto con Ortega va a conducir a la paz social, tendremos crisis para largo. Porque no hay manera que un pueblo que haya perdido tan completamente el respeto por sus gobernantes va a dejarse gobernar por ellos, si no es bajo una brutal represión. Y sabemos que la represión genera violencia, que a su vez genera más violencia. Con el agravante que el sector privado se convertiría también en un blanco de la ira popular. No hay posibilidad de un aterrizaje suave con el gobierno porque ellos mismos quemaron las ruedas.
Si los empresarios siguen su conciencia y optan por el camino moralmente correcto, se puede evitar mayor derramamiento de sangre, un escalamiento de la crisis y el colapso de la economía. Porque la historia ha demostrado que no hay gobierno que resista la fuerza de un pueblo unido. No hay gobierno que resista una oposición cohesionada, que es precisamente lo que en este momento se puede fraguar. El sector privado ha jugado históricamente un papel pivotal y en este momento le corresponde tomar responsabilidad, ejercer su liderazgo y dar un paso firme uniéndose con la ciudadanía nicaragüense, formando un solo bloque que exija el cese a la violencia y el inmediato cambio de gobierno.
La historia ha demostrado que los gobernantes que han sido responsables de crímenes contra la población civil, tarde o temprano terminan pagando sus cuentas frente a la justicia. Los gobernantes actuales no son una excepción.
Master en economía y administración pública.
Exdirectora Regional Alterna para el
Bureau de Asia y el Pacífico en el
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo