Lamentablemente, las diversas formas de violencia contra la mujer, desde su discriminación y desvalorización, su sufrimiento físico y moral, sexual, psicológico hasta la destrucción de su vida o daño a su integridad física, así como el de su familia o de las personas que las acompañan, suceden con frecuencia en todos los continentes.
A la fecha, 49 países no han aprobado leyes especiales que protejan justamente los derechos fundamentales de las mujeres cuando sean agredidas; y en los Estados donde existen tales leyes son vigentes pero adolecen de carácter positivo. Así se tiene como ejemplos recientes los sucedidos en: Estados Unidos, en el que un médico abusó de decenas de gimnastas; la reciente muerte en Nepal de una joven de 23 años que fue aislada por la tradición Chhaupadi, que considera a las mujeres como impuras mientras están en su periodo menstrual; en Irán, la policía detiene a 29 mujeres por quitarse el velo en una protesta, y en África el sometimiento de mujeres a la mutilación de sus genitales. Así como estos casos, se tiene conocimiento respecto a situaciones constitutivas de abuso de poder, desigualdad de género y el incumplimiento de las leyes que regulan la protección de los derechos fundamentales en relación a lo expuesto, ya a nivel nacional o internacional.
En nuestro territorio el ordenamiento jurídico y la sociedad no permiten ni practica conductas reprochables como las expuestas. Por otra parte, según la ORMUSA, cada dieciocho horas se cometen delitos contra la mujer; siendo en muchos casos los causantes, personas con quienes los une parentesco alguno o alguna relación permanente de trabajo por su profesión, como sucedió recientemente en una institución de seguridad pública.
En cuanto a la equidad de género, existe mejoría en algunos elementos que lo integran, como ejemplo de nuestro país, exceptuada alguna situación especial, no es permisible legalmente el matrimonio civil entre personas menores de dieciocho años de edad o el matrimonio de igual naturaleza entre una persona de esa edad con un adulto para el logro de la impunidad de algún delito contra la libertad sexual cometido por el adulto. En otros países del continente africano, se ha logrado la reducción de las mujeres sometidas a la mutilación de genitales, así como también la reciente ley promulgada en Islandia que multará a las empresas que paguen salarios menores a las mujeres en relación al pagado a los hombres por igual trabajo; no obstante, ese avance hay mucho que obtener.
En El Salvador, las mujeres constituimos el 53 % de su población y contribuimos de diferentes formas a su crecimiento y desarrollo. La demanda de equidad de género no es un tema de feminismo, sino de derechos humanos y justicia social. Se nos olvida que, para lograr el desarrollo del país, tenemos que ser incluidas a todo nivel y conforme a nuestras capacidades, dentro de sus procesos y planes de desarrollo, tal como en el “Plan de Equidad de Género 2016-2020”. Por lo que si las leyes que formalmente se han dictado para protegernos, no se cumplen, así como si se omite nuestra inclusión en dichos proyectos, corremos riesgo de constituirnos en entes activos pero invisibilizados, en meros sujetos pasivos que se limitan a sufrir y experimentar conductas ofensivas a nuestra dignidad, sin poder hacer algo concreto al respecto.
Por estas y otras realidades no nos queda más que exigir y pedir a gritos a nuestros funcionarios públicos, especialmente a quienes les está asignado la formación de programas de desarrollo de la mujer salvadoreña, que hagan del conocimiento de toda la población —urbana y rural— que existen leyes que tratan de PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR la violencia dentro de la familia, especialmente para la protección de la mujer, entre ellas: Código de Familia, leyes especiales como la Ley contra la Violencia Intrafamiliar, Ley del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, Ley especial para una vida libre de violencia para las mujeres, Ley especial contra la trata de personas: 1- Que existen instituciones que regulan su desarrollo; 2- Que las mujeres que residan en territorios fuera de la ciudad —rurales— tengan conocimientos de la existencia de esos cuerpos de leyes para su protección; 3- Que los estudiantes desde la educación media tengan conocimiento de la Violencia Intrafamiliar y la sanción que conlleva la ejecución de actos de violencia.
No me queda duda que empoderando a la mujer y haciéndola sabedora de sus derechos, será el primer paso que como sociedad tenemos que dar, para que haya paz y armonía en las familias de El Salvador.
Máster en Desarrollo Internacional
@CecitaGonz