Persiste "secretismo" pese a Ley de Acceso a la Información Pública

La ley cumple siete años de estar vigente, pero el Grupo Promotor urge para que se den reformas que garanticen este derecho a la ciudadanía

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Foto EDH Jorge Reyes

Por El Diario de Hoy

08 May 2018

El Grupo Promotor de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) criticó este martes que a siete años de entrada en vigencia esta legislatura aún existe el “secretismo” en las instituciones de gobierno.

“El 8 de mayo de 2011 entró en vigencia la LAIP, por lo que hoy conmemoramos y celebramos que El Salvador cuenta con un marco legal que protege el derecho a saber, lo cual se debió, en parte, al trabajo de este Grupo Promotor, integrado desde 2009 por organizaciones de diversa naturaleza, con el objeto de que los salvadoreños gocen de este derecho humano fundamental”, dice la organización en un comunicado.

Sin embargo, critica que en estos siete años se ha descubierto “irregularidades en diversas instituciones públicas” cuando se ha requerido información, indistintamente si quien la solicita son personas, organizaciones o la prensa.

Esto se da pese a la creación del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), encargado de velar porque la ley se cumpla.

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El Grupo Promotor es enfático en criticar que “el problema de fondo es que persiste en el sector público una cultura de secretismo, que no ha entendido que las instituciones y los funcionarios son solo custodios de la información pública, la cual pertenece a la ciudadanía”.

La organización también enumera una serie de dificultades para que la ley se cumpla, por ejemplo, preocupa que persistan límites al ejercicio del derecho de acceso a la información y el incumplimiento de la LAIP, que la información publicada en los sitios web no está completa ni actualizada, los plazos de la LAIP se irrespetan, particularmente por el IAIP, ente creado para asegurar el cumplimiento de dicha ley y que hay abusos en la clasificación de información pública como reservada o confidencial, frecuentemente es declarada inexistente información sin una adecuada búsqueda y en casos en los que es deber de las instituciones públicas generarla y resguardarla.