Al menos cuatro abogados incluidos en una lista preliminar del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) como potenciales candidatos a magistrados de la Corte Suprema tienen o han tenidos nexos con partidos políticos, según los registros de trayectorias de los aspirantes.
El pleno del CNJ depuró esta semana el listado de precandidatos a magistrados. De 69 aspirantes al cargo solo 39 pasaron a la fase final de deliberación y votación pública, el cual iniciará el próximo martes.
En esta etapa se escogerá a las 15 personas cuyos nombres se sumarán a los de otros 15 propuestos por la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador (Fedaes). El listado definitivo de 30 se enviará a la Asamblea Legislativa para que los diputados elijan a cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional y uno de la Sala de lo Civil.
Sin embargo, entre los abogados que fueron preseleccionados por el CNJ hay varios que tienen vínculos con partidos políticos o que han sido funcionarios en diferentes gobiernos.
La Sala de lo Constitucional ha ordenado que los jueces y magistrados no deben tener nexos políticos, porque esto compromete la imparcialidad y la independencia que demanda la Constitución.
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Uno de los abogados escogidos es Julio Valdivieso Rivas, exviceministro de Transporte entre 1995 y 2000, en los gobiernos de Armando Calderón Sol y de Francisco Flores.
En 2015 fue candidato a diputado de San Salvador por el Partido Democracia Salvadoreña (DS).
“Fui funcionario hace 20 años, no puede dársele a ninguna persona cadena perpetua; a una persona se le debe juzgar por sus actuaciones... En el caso de la Democracia Salvadoreña fui postulado, pero nunca he sido afiliado a ningún partido político y está demostrado en todo el proceso”, explicó Valdivieso al ser consultado por El Diario de Hoy.
Otra profesional que continúa en la contienda para ocupar una magistratura es Lidia Patricia Castillo Amaya, quien es asesora jurídica del FMLN en la Asamblea Legislativa desde enero de 2017.
Cuando se le contactó para conocer su opinión respondió que estaba en una reunión y que podría dar una entrevista otro día.
En la entrevista que le hizo el pleno del CNJ, ella explicó que su trabajo con el partido de izquierda podría llevar a pensar que tiene una vinculación material o es simpatizante del FMLN, pero sostuvo que sus funciones son únicamente técnicas y no toma ninguna decisión de tipo estratégica o política: “Eso es trabajo de los diputados”, dijo en su oportunidad.
El abogado Francisco José Barrientos, que también aparece en el listado, fue candidato a la Vicepresidencia de la República por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), con Fidel Chávez Mena, en las elecciones presidenciales de 1989.
A Barrientos también se le llamó para conocer su opinión, pero su asistente dijo que él se había retirado de la oficina pero que él mandó a decir que sentía “motivado” con el hecho de ser preseleccionado.
Carlos Ovidio Murgas López sigue en la contienda, es su segundo intento de llegar a la CSJ, a pesar de que estuvo afiliado al extinto Frente Democrático Revolucionario (FDR) y al Partido de Concertación Nacional (PCN), según un informe que el Tribunal Supremo Electoral envió a la subcomisión de la Asamblea Legislativa, en 2015, cuando se estaba analizando los perfiles para candidatos a magistrados. Se intentó tener su opinión pero no fue posible contactarlo en su oficina.
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A evaluación
La Procuradora General de la República, Sonia Cortez de Madriz, y el ex fiscal general, Belisario Amadeo Artiga, también tienen la posibilidad de estar entre los 15 abogados que evaluarán los diputados.
Aunque ninguno de los dos tendría vínculos con algún partido político, Cortez de Madriz, quien ya lleva tres periodos en el cargo, fue propuesta en 2010 como procuradora por el FMLN y PDC, luego fue respaldada por el resto de partidos.
Mientras que Artiga, quien fue Fiscal General en dos períodos, (1999 a 2002 y de 2002 a 2005), fue propuesto por el partido ARENA.
El pleno del CNJ excluyó del proceso para llegar a ser magistrados a Salvador Aníbal Osorio Rodríguez, quien admitió ante los consejeros que es apoderado legal del Presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, y que trabaja en la Secretaría de Asuntos Jurídicos de Casa Presidencial.
También a Aída Luz Santos, quien tiene una larga relación con el gobierno, tanto en la administración de Mauricio Funes como con la de Sánchez Cerén.
Entre 2009 y 2011, la abogada se desempeñó como presidenta del Consejo Nacional de Seguridad Pública y luego pasó a ser embajadora de El Salvador en Italia. Actualmente se desempeña como ministra consejera en la embajada de El Salvador en España.
María Lilliam Navarrete tampoco logró pasar a la siguiente etapa. Ella aceptó que fue diputada suplente del PDC y candidata a diputada al Parlamento Centroamericano (Parlacen) por GANA. No obstante, cuando fue entrevistada negó su vinculación y dijo que no está inscrita en ese partido.
En el caso de la lista de la Fedaes también hay casos de nexos con el gobierno y el FMLN. La semana pasada, el CNJ dejó fuera a Tito Edmundo Zelada y Jesús Ulises Rivas porque, con base en resoluciones de la Sala de lo Constitucional, se determinó que tendrían nexos con el partido oficial. Sin embargo, el gremio de abogados envió como sustitutos a Ramón Narciso Granados Zelaya y Gilberto Canjura Velásquez, también afines al FMLN.