En su discurso inaugural Donald Trump fijó su promesa respecto a la política económica: Pasar del libre mercado al proteccionismo. Hace unas semanas cumplió: impulsó barreras arancelarias al acero y aluminio, y azuzó una guerra comercial con China. El proteccionismo ha regresado.
Nuestra campaña presidencial inició hace mucho. Y habiendo el proteccionismo cogido nuevos bríos afuera, aquí se comienzan a escuchar propuestas para defender a la industria nacional de la competencia extranjera.
La Sala de lo Constitucional reconoció que el orden económico constitucional se rige bajo el principio de neutralidad económica (inc. 7-2006 acum.). Esto significa que quien gobierna tiene margen de maniobra para establecer la política económica y definir donde poner los acentos.
De manera que sería errado plantear el debate entre proteccionismo y libre mercado como la constitucionalidad o no de uno u otro modelo. En cada alternativa habrá políticas públicas que violen determinada categoría constitucional; pero no se puede señalar que para cumplir con la Constitución hay que decantarnos por una de ellas y rechazar la otra.
Tampoco sería atinado plantear el debate en el plano de la moral. No se trata de un asunto de libremercadistas buenos contra proteccionistas malos, ni viceversa.
Esta lid, además de una batalla de ideas, se trata —y siempre se ha tratado— de una puja de intereses. Es un juego de poder, y en él, la cancha es la política.
Hace un par de semanas escribía: “El mayor beneficiado por la competencia y el libre mercado usted, el consumidor”. Y agregué: “Sospechemos cuando nos ofrezcan detener a la competencia extranjera para proteger a la industria nacional. Es probable que se trate de cantos de sirena, y que detrás de ellos exista un lobby intentando convertirnos en su mercado cautivo”.
Con ello decía que un modelo de libre mercado y competencia está alineado al interés de los consumidores. En su lugar, el proteccionismo se alinea a los intereses de esos concretos sectores industriales que buscan refugio de la competencia.
Tratándose de un juego político, la puja de intereses que subyace en la dicotomía libre mercado-proteccionismo supone que entre los consumidores y los grupos industriales que buscan protección ganará quien convenza mejor a los políticos. Pues, nos guste o no, la política económica la definen los políticos.
Pero resulta que en ese juego los consumidores están en desventaja. Son muchos y, precisamente por ello, desorganizados. En cambio, los miembros de una industria concreta que buscan protección serán pocos; y eso facilita que se organicen, y puedan diseñar y ejecutar una estrategia para ganar el juego.
Los buscadores de protección lograrán más fácilmente que los diputados, ministros o presidentes aprueben políticas públicas que obstaculicen a la competencia extranjera. Hoy, con la tendencia global marcada por Trump, esto les resultará aún más fácil.
Una manera de equilibrar este juego es buscar aliados que compensen las deficiencias propias. Resulta que cuando se edifica una barrera contra la competencia extranjera, además de los consumidores, hay otros cuyos intereses también resultan afectados.
Al protegerse cierta industria se atenta contra los intereses de los distribuidores o comerciantes que importan —o quieren importar— esos productos al país. Son ellos quienes imponen presión competitiva a la industria nacional. Esos comerciantes y distribuidores, siendo un grupo focalizado, tendrán más capacidad organizativa que un disperso colectivo de consumidores.
Por ello, en esta coyuntura en que coge fuerza el proteccionismo, la defensa de un modelo de apertura, competencia y libre mercado depende, en buena medida, de la iniciativa y capacidad de incidir de los grupos de distribuidores y comerciantes afectados por políticas proteccionistas. A los consumidores les conviene que estos entren al juego, y que ganen.
Columnista de
El Diario de Hoy
@dolmedosanchez