En uno de sus artículos de respaldo al proyecto legislativo del diputado John Wright sobre el aborto, Claudia Cristiani nos hizo a sus lectores unas preguntas en torno a qué decisión tomaríamos si, de llegar a concretarse durante el embarazo una situación límite, nos tocara elegir entre la vida de nuestra cónyuge y la del hijo en sus entrañas. Como no tengo razones para esconder en mi conciencia esa respuesta, la doy sin problemas: los dos embarazos exitosos que hemos tenido fueron de alto riesgo, y la decisión de llevarlos hasta el final —pasara lo que pasara— ya estaba tomada por ambos.
Por supuesto, aunque admire como admiro la heroicidad de mi esposa, tengo claro que nuestras convicciones no pueden ni deben imponerse por ley a las demás parejas. Y aquí llegamos de nuevo a la arbitrariedad que yo mencionaba en mi artículo de ayer. El principio está por encima de la casuística. Por mucho que toda legislación tenga un grado inevitable de discrecionalidad, cuando estos marcos legales hacen referencia al derecho a la vida, nuestros criterios tienen que ser más amplios e interdisciplinarios que en otros asuntos. Me parece la posición más ética.
La jerarquía del derecho a vivir por encima de los demás derechos es no solo de orden social sino cronológico: jamás he visto a un muerto defendiéndose de nada. Pero el que incluso ese derecho tan importante tenga en la práctica límites y excepciones —los cuales también expliqué ayer— no significa que una legislación que señale o amplíe las causales para limitarlo sea la mejor respuesta en circunstancias complejas.
En última instancia es irrelevante cómo se llegó a determinada reforma en un código penal, siempre y cuando haya quien sepa exponer razones válidas para su vigencia. Si solo las falsedades a que se ha recurrido en otros países para legalizar el aborto invalidaran esas reformas, Estados Unidos, México, Chile y media Europa tendrían que volver a ilegalizarlo. La cuestión es cómo argumentamos nuestras posiciones y a qué fuentes recurrimos para ello.
Reconozco en Claudia la buena fe cuando dice que la propuesta de Wright “no pretende abrir puertas que siempre han estado cerradas” al aborto. El problema es que la evidencia histórica dice exactamente lo contrario. España, Alemania, Estados Unidos, Holanda, y un largo etcétera, son países cuya legislación permisiva de la interrupción del embarazo empezó con “excepcionalidades” y ha terminado ampliándose hasta prácticamente borrar casi cualquier obstáculo para las mujeres que quieran deshacerse de sus hijos.
No basta, pues, la buena fe. Se debe tener presente los contextos históricos en que ciertos proyectos de ley son empujados y el efecto que estos pueden tener en otros grupos de presión, que suelen necesitar de muy pocos resquicios para lanzarse a radicalizar los marcos vigentes. Tampoco debemos asumir que la verdad moral de las decisiones políticas descansa en mayorías coyunturales, como ya he tenido ocasión de exponer en otros artículos. Si casi todas las encuestas señalan hoy que los salvadoreños rechazan el aborto, cualquier cambio en esa opinión no dotará al aborto de mayor o menor moralidad.
Confieso que me costó mucho entender en qué sentido mi amiga Claudia introdujo el tema de la separación entre Iglesia y Estado en el último de sus tres artículos. Es obvio que nuestro Estado es laico y que a las diversas denominaciones cristianas les asiste el derecho de defender sus puntos de vista como a cualquier agrupación ciudadana. Por qué se insiste en eso dado que la decisión final queda en manos de legisladores, la verdad, no me queda claro. A menos que se presuponga que las iglesias están haciendo cosas indebidas para presionar a los diputados.
Si ese fuera el caso, las presunciones no solo deberían dirigirse a las creencias religiosas de la gente, sino también a las ideologías (que son otras formas de creencia, pero más perniciosas), porque es evidente que detrás del movimiento abortista en El Salvador hay bastante subjetividad y poca ciencia, además de mucho, mucho dinero. Si ese financiamiento se destina únicamente a movimientos feministas privados, la situación tal vez no sea tan grave; pero si por allí se cuelan fondos para partidos políticos o campañas gubernamentales, estaríamos delante de una intromisión escandalosa que convendría denunciar a nivel internacional.
Pero volvamos al tema de la arbitrariedad. Si yo le preguntara al diputado John Wright por qué doce semanas es un tiempo científicamente defendible para considerar “persona” a un ser humano en El Salvador, ¿cuál sería su respuesta? Si aludiera al aborto criminológico que tuvimos antes o a legislaciones de otros países, la pregunta seguiría en el aire: tampoco sus pares en esos países le ofrecerían respuestas satisfactorias, objetivas, apoyadas en las especialidades científicas a que corresponde acudir.
¿Qué diferencia habría entonces entre la justificación de hoy con una que en el futuro proponga que ese periodo de doce semanas se amplíe a quince o a veinte? Objetivamente, sin ciencia de por medio, no habría diferencia posible. Y eso es lo que pasa cuando nos arrogamos la autoridad para decidir quién vive y quién no vive: quedamos aparcados a centímetros de las tiranías.
Escritor y columnista
de El Diario de Hoy