Era el 2012.
El gobierno tenía una sólida alianza en la Asamblea. Buena parte debida al transfuguismo que sufrió el partido de oposición.
El 11 de marzo fueron las elecciones parlamentarias. La oposición ganó una significativa cantidad de diputados. La alianza oficialista sería insuficiente para elegir a los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
El 1 de mayo comenzaba la nueva legislatura. Entonces el gobierno y sus aliados se adelantaron, y el 24 de abril eligieron a los nuevos magistrados. Ese madrugón provocó la crisis más grave de nuestra democracia desde la firma de los Acuerdos de Paz.
El 5 de junio se declaró inconstitucional tal nombramiento (Inc. 19-2012). Se determinó que una legislatura solo podía elegir magistrados en una ocasión. Y habiéndolo hecho en 2009, no podía hacerlo de nuevo al final de su mandato.
Llegó 2015.
El 1 de marzo se celebraron nuevamente elecciones parlamentarias, y en mayo entraría en funciones la nueva legislatura.
Para reformar la Constitución es preciso que una legislatura lo acuerde y la siguiente lo ratifique. Así que comenzó a fraguarse otro madrugón con ese objetivo.
El 23 de abril la Asamblea aprobó el acuerdo para reformar la Constitución en cuanto a la ampliación de los períodos parlamentarios y municipales; y el 16, el acuerdo que prohibía el matrimonio entre personas del mismo sexo.
El cálculo era que la ratificación de tales acuerdos la hiciera la legislatura que entraría en funciones semanas después.
En 2017 se declaró inconstitucional el acuerdo para ampliar el período de los diputados y concejos municipales (Inc. 33-2015), y en enero de 2018 se prohibió ratificar el acuerdo que establecía que el matrimonio únicamente podía celebrarse entre hombre y mujer “así nacidos”. (Inc. 56-2015).
La Sala de lo Constitucional dijo que los ciudadanos debían conocer los acuerdos de reforma previo a la campaña electoral que elegiría a la legislatura encargada de ratificarlos. Así, al aprobar tales acuerdos hasta que habían pasado las elecciones del 1 de marzo, se inhibió al pueblo de tomar en cuenta esa circunstancia para elegir a los diputados que conformarían la legislatura siguiente.
Estamos en 2018.
Las elecciones fueron el pasado 4 de marzo. Y hoy, como en abril de 2012 y de 2015, en el Salón Azul se observan prisas.
Los resultados de las recientes elecciones distribuyeron la legislatura 2015-2018 de una manera significativamente distinta a la actual. Por eso tras el 4 de marzo ciertos diputados y lobistas intensificaron las acciones para aprobar la despenalización del aborto en algunos supuestos. La prisa, evidentemente, es porque calculan que les será más difícil hacerlo en la próxima legislatura.
Pretenden aprobar su proyecto con base en un pluralismo político que representaba a la ciudadanía en 2015. Y aunque el pasado 4 de marzo el pueblo distribuyó el poder de una manera significativamente distinta, la expresión popular vigente no les conviene.
En lugar de convencer a los ciudadanos, prefieren el atajo de aprobar su proyecto con un pluralismo político ya caduco. Tal estrategia demuestra que esos sujetos no quieren poner el tema en debate, sino imponerlo. Eso no es audaz, es antidemocrático.
En la sentencia 33-2015 la Sala dijo: “La negación de la posibilidad de participación a los ciudadanos por medio del voto sobre cualquier tema trascendente para ellos (…) desconoce que ellos son el fin del Estado y no un medio o instrumento al servicio de este”. Pero parece que a los lobistas y diputados involucrados en estas prisas eso no les interesa.
Cada tres años abril nos sorprende con oportunistas que actúan a espaldas de la ciudadanía. Ya es suficiente.
Columnista de
El Diario de Hoy
@dolmedosanchez