Nosotras decidimos

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Por Gaby Trigueros

18 April 2018

Quiero iniciar esta columna aclarando dos puntos que son esenciales y básicos. Primero, el Estado es laico y se ha diseñado de esa forma para que todos sus ciudadanos puedan convivir de manera civilizada, respetando las distintas creencias que cada uno pueda tener. Por ello es que existen cientos de países con miles de personas religiosas (de todo tipo) que se rigen bajo un marco de laicidad. Segundo, personalmente quiero hablar de la interrupción del embarazo en casos extremos, no promuevo una despenalización total ni tampoco me considero una “asesina”, que es como algunas personas, las que no han comprendido estos dos puntos básicos, me han señalado irresponsablemente. No entraré a detalle con los señalamientos, no vale la pena.

El tema de la despenalización del aborto en nuestro país ha sido extremadamente escabroso y, principalmente, incómodo para el sector ultraconservador de nuestra sociedad. Ese no es ningún secreto. De hecho, es ahí donde se origina el entrampamiento de este tema que no logra concretar un debate de altura y madurez en la Asamblea Legislativa, ante lo cual es importante esclarecer que este no debe ser un tema que se oriente bajo argumentos religiosos y mucho menos personales. Estamos hablando de una reforma al Código Penal en su artículo 133 A, para lograr que las mujeres salvadoreñas puedan tomar una decisión propia, con el apoyo de sus familias y orientación médica, y que no sea el Estado el que imponga una decisión en esos casos extremos.

Profundicemos en los casos extremos. Para ello les planteo un caso hipotético: si usted tuviese dos hijos y se vuelve a embarazar, y en el desarrollo de su embarazo el doctor diagnosticó que es un embarazo de alto riesgo y que usted podrá perder la vida, ¿quisiera usted que el Estado imponga una decisión absoluta sobre su caso, o prefiere tomar una decisión junto a su esposo y familiares bajo consejo médico? Retomemos el mismo caso hipotético, solo que en este, usted es soltera, viuda o simplemente no existe esa figura paterna para sus hijos, ¿qué será de sus hijos? ¿Quién debe escoger lo mejor para ellos, usted o el Estado? Ahora imaginémonos un caso extremo mucho más crudo, una niña de 12 años de escasos recursos fue violada por su tío, ella apenas podrá portar otra vida en su cuerpo y no tiene las posibilidades de recibir una nueva vida a este mundo bajo las condiciones dignas más básicas; esta niña no tiene a su padre, solo a su madre, ¿será justo que el Estado decida por ella o es mejor que la madre y sus médicos la orienten a tomar una decisión?

Considero importante mencionar que estoy hablando del poder de tomar decisiones sobre nuestras vidas y cuerpos, no estoy hablando de una obligación ante una interrupción del embarazo. Nada debe ser obligatorio; por ello el simple hecho de dignidad humana debe ser suficiente para que nadie imponga una decisión sobre alguien, ni el Estado ni ninguna organización. Las mujeres salvadoreñas somos capaces de tomar decisiones sensatas, de orientarnos adecuadamente con apoyo médico, y de escuchar a nuestra familia y saber qué es lo mejor para ellos, de todo esto y solo esto, debe abordarse el debate de la reforma al Código Penal. Este es un tema de ley que debe velar por el bienestar y salud de las mujeres salvadoreñas, como también debe fortalecer la capacidad de toma de decisiones que merece por derecho cada mujer.

La clave de la solución al problema está en debatirlo sin fanatismos o posturas absolutas, centrándonos en la protección de la vida y la salud de la mujer. Tengamos la capacidad de ponernos en el lugar del otro para debatir con argumentos con altura. Es lo mínimo que merecemos las mujeres salvadoreñas.

Colaboradora de

El Diario de Hoy

Twitter: @lagabyt