La gran moda de las izquierdas en el gobierno es la prevaricación, torcer los procesos de impartir justicia y transformarlos en un arma para perseguir y aniquilar enemigos.
El prevaricador, el que se vende a una de las partes para emitir sentencias y fallos favorables al “comprador de resoluciones”, es un modo de actuar; en ministerios, las instancias son parte de las burocracias, convirtiéndolas en jueces y parte; y los populachos y marchas son otra manera de poner presión sobre los jueces y convencer a los minipensantes de que la razón está de parte del que maneja esas movilizaciones.
Herodoto, el Padre de la Historia que vivió unos seiscientos años antes de Cristo, cuenta un incidente del reinado del rey persa Cambises II, cuando se descubrió que un juez, Sisamnes, recibió dinero para emitir un fallo injusto para una de las partes.
Al enterarse Cambises del hecho, mandó a capturar a Sisamnes y lo condenó a ser desollado vivo, que le arrancaran la piel en un espantoso ritual.
Cambises luego hizo tapizar el sillón del juez con la piel de Sisamnes, nombrando luego como juez al hijo de él, Otanes, que en adelante impartió justicia sentado sobre la piel del padre corrupto.
La historia fue pintada en un tríptico por el pintor flamenco Gerard David (1460 al 1523).
Es claro que aunque lo merezcan, nadie en nuestros tiempos está pensando en desollar jueces corruptos, pero sí hay instancias para separarlos de sus cargos, multarlos e inclusive encarcelarlos, como los jueces que fueron descubiertos recibiendo dinero de pandilleros.
Y que perseguir el prevaricato es esencial para salvaguardar a la población honesta de atropellos, lo ilustra el caso de Cuba primero y Nicaragua, país este último donde los fallos judiciales se consultan antes de emitirse con Ortega, el que refugia a maleantes centroamericanos.
Caer encima sobre las judicaturas es la consigna del grupo en el poder
Por las presiones del gobierno actual se está cayendo en aquello de que “acusar” equivale a “probar” y al ser así, de “probar” se pasa de inmediato a condenar, como sucedió durante la agresión guerrillera: a pobres adolescentes que reclutaban pero que al bailar, oír música, hacer bromas, se les acusaba de “infiltrados”, los colgaban de los pies y les daban de palos para que confesaran hasta matarlos, como lo relata Giovanni Galeas en su historia de esos tiempos.
Y nadie puede estar seguro de que tales procederes no se revivan en nuestro suelo, como de hecho está sucediendo en la narcodictadura de Maduro en Venezuela.
Son variantes de la ley de Lynch, matar a gentes acusadas (sin que se haya demostrado su culpabilidad) por populachos enardecidos.
Más y más, cuando se habla de nombrar jueces en nuestro país, la gente responsable indaga sobre los antecedentes de los candidatos, sabiendo que abogados de izquierda son potenciales prevaricadores, sujetos que no van a emitir fallos de acuerdo a la letra o el espíritu de la ley, sino siguiendo las consignas de los que menean el partido o de sus propios prejuicios y fanatismos.
Como sucede más y más en las magistraturas, donde el magistrado partidario, al que le lavaron el cerebro y le inculcaron odios, llega no a impartir justicia sino a prevaricar, a seguir consignas, a quedar bien con sus otros pares prevaricadores.
Caerle encima a las Cortes de Justicia y a los tribunales son algunas consignas izquierdistas.