Veinte países han condenado el golpe de Estado que perpetró la semana pasada el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, rechazo que no contó con el apoyo del gobierno salvadoreño.
El oficialismo mantiene su posición en favor del régimen venezolano, haciendo caso omiso a las advertencias que le hacen tanto el Secretario General de la OEA como el senador Marco Rubio.
Como dijo la embajadora de Estados Unidos, la postura tiene sus consecuencias, las que afectan no tanto a quienes están en el poder cuanto a los salvadoreños, los que allá viven como los que están en riesgo de deportación en los Estados Unidos como los locales, que pueden ser afectados por políticas hacia El Salvador que tome la Casa Blanca.
Lo procedente es que en lugar de afectar a un país ya muy perjudicado por las políticas efemelenistas, que nos ayude reforzando las investigaciones contra la corrupción, que obligue a Nicaragua a dejar de asilar a individuos que tienen cuentas pendientes con la justicia por corrupción, que vaya tras el narcotráfico y el lavado y que dé soporte tanto a la Fiscalía en sus investigaciones como a la Sala de lo Constitucional, ahora en la mira de grupos de fuerza y del gobierno.
Fuera de sectores de no pensantes, la mayoría de salvadoreños que siguen los sucesos de Venezuela rechaza a Maduro y se conduele de los sufrimientos de ese gran pueblo, ahora llevado al extremo de una hambruna “a la africana” (como las regiones alrededor de Somalia), donde más y más están siendo forzados a comer basura.
Y lo que muchos también piensan es que con tal ceguera, el actual gobierno vería con indiferencia el que los salvadoreños tengan también que comer basura, como ven con indiferencia, sin compasión, a las víctimas de los asesinatos, hechos que para el régimen deben “taparse” para no alarmar a la población, o más bien intentando engañarla sobre lo que aquí está sucediendo.
La “inteligencia estatal” continúa dando palos de ciego
Fortalecer la institucionalidad, combatir las medidas y decisiones de hecho, la arbitrariedad en los actos de un régimen, ir tras la impunidad, son las grandes tareas por realizar en El Salvador y a lo que pueden contribuir tanto los Estados Unidos como naciones amigas e instituciones internacionales.
No es ni sano ni legal que para imponer sus políticas, sus impuestos y sus ocurrencias, el Ejecutivo manipule la Legislatura y además saque a la calle populachos para intimidar e insultar.
Es claro que el más urgente problema de El Salvador es el alto grado de criminalidad, que día a día golpea a familias, sectores, barriadas, ciudades y pueblos, afectando el trabajo, la convivencia y la protección a los pobladores.
En parte eso se debe a la ineficiencia del equipo encargado de dirigir la seguridad, que hasta el momento, como ejemplo, no ha podido idear un sistema para controlar el ingreso de armas, teléfonos y droga a los centros penales, lo que es muy fácil de resolver, como tampoco logra identificar a los capos de cada grupo pandillero, anticipar sus movimientos y cortar sus finanzas.
Lo que sería la “inteligencia estatal” en este suelo puede calificarse como imprevisión y palos de ciego.