Una “conciliación” no cubre procederes delictivos

Las conciliaciones entre victimarios y agraviados, una muy discutible disposición en la ley penal de nuestro país, puede aplicarse cuando una familia libera de culpa a alguien que atropella a un pariente suyo, pero no debe aplicarse cuando alrededor del hecho hay procederes delincuenciales como destruir evidencias o como en el caso de la sustracción de documentos al cuerpo de un abogado atropellado por un chofer de Casa Presidencial y hacerlo  aparecer como “desconocido” o “indigente”.

Y, en todo caso, ni los vehículos de Capres ni sus conductores deben tener “licencia para matar”, como las caravanas de Funes o los casos que se han dado en los últimos tiempos.

Las conciliaciones tampoco deberían dejarse a las partes sin que un juez intervenga, para evitar las absolutamente ridículas sumas que muchos homicidas involuntarios ofrecen a los deudos de familias, más cuando esas familias con frecuencia quedan sin la persona que lleva el pan a casa.

¿Cómo pueden dos mil o cinco mil dólares compensar a una señora la muerte del hijo que la sostenía? En muchas países el homicida puede ser obligado a sostener parcialmente a los dependientes de alguien a quien mata, más cuando no hay estructuras de socorro social que tomen sobre sus hombros el apoyo, al menos parcial, de huérfanos, viudas, ancianos o minusválidos.

Sustraer documentos de la víctima mortal de un accidente es alterar la escena de un crimen, destruir pruebas, lo que está penado por ley.
Y ejemplos de hipotéticos casos no cuesta enumerar, como si al chocar un ve-hículo le dan fuego para destruir evidencias, o desfiguran el rostro de la víctima o la entierran en el lugar “antes que los descubran”.

En el caso que mencionamos, no sólo hubo un proceder que ninguna ley puede considerar lícito, sino que además se irrespetó un cadáver y una persona, en este caso un apreciado abogado de la Corte a quien su familia encontró en la morgue donde lo llevaron como “desconocido”.

Cada atropello a las leyes
es un clavo al ataúd de la República  

 Por desafortuna para nuestro país, fabricar o destruir evidencias ya es parte del modus vivendi, como quedó demostrado con la marihuana que le encontraron a unos policías para presentarla conjuntamente con reos, o lo que hizo la Fiscalía misma cuando acusó a un joven capturado por error, de “extorsionista”.

Cada hecho que se produzca en tal sentido, cada cortina de humo que se fabrique para echar tierra sobre delitos como el del hipopótamo Gustavito, cada artificio para proteger delincuentes cuando tales delincuentes “son de los nuestros” es un clavo más al ataúd del Orden de Derecho, de la Democracia, de la protección a los ciudadanos que no tienen padrinos por ellos.

El último pelo en la turbia sopa que es la situación nacional es lo declarado por el vicepresidente, que siempre corre en auxilio de odoríficas causas, cuando dice que El Salvador no necesita una CICIES, ya que, se da a entender, el gobierno garantiza el fiel y debido cumplimiento de las leyes, el más transparente y limpio manejo de los recursos públicos, el combate a los corruptos “se trate de quien se trate”, la salvaguarda de los principios que crearon nuestra nación hace casi doscientos años, etcétera, etcétera, etcétera. 

El Vice es el garante de todos esos esenciales apoyos a la libertad, seguridad, cordura y, desde luego, “bien vivir”.