Fiscalizar los repartos de dinero que está haciendo el actual gobierno en su papel de Santa Claus, se propone ARENA ante la danza de millones que salen del bolsillo de los desvalijados salvadoreños y son repartidos sin criterios conocidos fuera de quedar bien con allegados a diputados o pequeñas ONG.
En Maternidad no hay Pentavalente, vacuna para inmunizar recién nacidos; ni Irbesartán en el ISSS para enfermos crónicos de presión sanguínea, ni dinero para reparar techos podridos en la casi totalidad de escuelas públicas, ni fondos para equipar debidamente los quirófanos del Hospital Zacamil...
Y la lista puede seguir, comenzando por una contradicción grosera en el asunto: las ONG son organizaciones no gubernamentales y, por tanto, sólo en casos muy especiales y en competencia con otras ONG es que deben asignarse dineros públicos a ellas.
Repartir sin que haya abierta competencia bajo claras reglas y donde todos los que califiquen tengan igual oportunidad de recibir tales subsidios (la “falta de oportunidades” es uno de los estribillos de la extrema izquierda) es el equivalente a comprar voluntades, lo cual puede llegar a constituir delito, a lo que debe agregarse otro hecho: ningún gobierno está autorizado a dar dinero de presupuestos públicos a menos que cumpla con una autorización legal o legislativa.
Y falta ver si la Constitución avala esa clase de donaciones.
Algo similar se ha visto con algunos casos de enriquecimiento ilícito que se investigan, específicamente con la entrega de dineros y “sobresueldos” del Ejecutivo, sobre todo a funcionarios de otros órganos que deben ser independientes.
Cuando repartir dinero equivale
a sobornar grupos diversos
¿Por qué motivos, puede preguntarse, es que una universidad va a recibir 649,2214 dólares mientras otra 233,342? ¿Cómo se llegó a tales cifras, cuando lo usual son asignaciones redondeadas, digamos medio millón o cuatro millones y medio, pero no ochocientos veintitrés mil cuatrocientos cuatro con veintidós centavos?
Como “todos somos iguales” según alega el oficialismo y tan igual es un nadador en Los Chorros como los campeones olímpicos en las últimas competencias en Río, también todas las ONG, universidades, organizaciones diversas, grupos cívicos son “iguales” y por lo mismo tienen el mismo derecho a competir por esas regalías, hay que regular y llevar a cabo concursos, sólo después que se cubran necesidades más apremiantes como es la atención en los hospitales públicos. Pero aparentemente Santa Claus Gobierno piensa que es su derecho repartir dinero ajeno como le venga en gana, dinero de todos los salvadoreños.
Repartir como el alcalde capitalino, que se inclina por empresas sin mayor experiencia, poco capital y además las que ofertan más alto, firmando contratos de hasta veinticinco años metiendo en camisa de fuerza todos los alcaldes que estén por venir.