Con ley o sin ella, es evidente que un funcionario y más alguien que aspira a la presidencia no puede recibir fondos de empresas o consorcios foráneos sin violar principios esenciales, pues quien da dinero --y dinero en cantidades muy importantes-- espera que le devuelvan los favores.
La mordida, “coima”, los cheques bajo la mesa, los pagos en efectivo que reciba un ministro o el alcalde del pueblo o el policía que detiene a un automovilista, son todos reprochables, son corrupción. Y si el dinero es para obtener un permiso ilícito para construir o dinero para que se nombre al hijo en un puesto donde va a robar a manos llenas, es igual.
Las mordidas lo son aunque el corrupto esté de viaje o en sus días libres, pues en ningún momento deja de ser funcionario y sujeto a normas que regulan su proceder. No se trata solamente de dinero en efectivo, sino de favores como, en el caso de una presidenta de Costa Rica, aceptar un vuelo privado para ir de San José a Quito.
No se trata de una rifa o sorteo para escoger al recipiente del beneficio, sino que va dirigido con alta precisión al que está o estará en condiciones para corresponder. Y Odebrecht tenía muy puntuales motivos para sobornar para ganar obras de gran envergadura, dentro o fuera de Brasil, lo cual lo llevó a una condena de diecinueve años de prisión.
El anterior y actual gobiernos han sido señalados de dispensar sobresueldos a funcionarios de otros órganos que, de esa manera, comprometían su independencia y su trabajo.
Tampoco han sido sobresueldos que se rifaron o que benefician a todo el personal de una entidad, sino sobresueldos puntuales, muy específicos, que se dispensan como resultado de una decisión arbitraria.
¿Por qué pasar un sobresueldo a la exministra de Salud y no a todos los cardiólogos del Hospital Zacamil? La ley no contempla favoritismos, porque los favoritismos son una forma descarada de corrupción.
Una cosa es una bonificación por un excelente trabajo realizado y otra sobresueldos que mes a mes se dan a alguien que no depende directamente del mismo órgano y que además amarran su autonomía y buen juicio.
La sabia regla: “todos en la cama
o todos que duerman en el suelo”
Por lo mismo y enarbolando el sabio principio de “o todos en la cama o todos en el suelo”, la pena debe ser la misma para aquellos a quienes se les compruebe haber recibido esa clase de dineros sin justificación.
Personas con un sentido de la moral, que saben diferenciar entre lo que es decente y lo que no lo es, tienen claro este punto y se rigen por reglas de conducta indeclinables.
Lo que queda grabado con rechazo en la memoria de los salvadoreños es que un presidente diga abiertamente y sin mayores escrúpulos ni sentido de lo honesto que encontró la manera de no pagar impuestos por un dinero que le dio un empresario en campaña, o lo que le llevó a comprar cien camisas italianas y tenerlas sin estrenar, y otro tanto de zapatos también italianos que, al decir de los fiscales, nunca se usaron.
Seguramente, dineros de todos los salvadoreños, despilfarrados...