Los diputados que están por salir de la Asamblea tienen varias reformas y préstamos pendientes por aprobar en la legislatura que está a menos de un mes de terminar, aprovechando las últimas jugadas que les quedan del actual tablero legislativo.
Sino hay ningún recurso en contra de las elecciones que sea validado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) o en última instancia por la Sala de lo Constitucional, el uno de mayo toman posesión los 84 nuevos legisladores, en una aritmética en donde el FMLN es el principal perdedor tras las elecciones del 4 de marzo. Es el único que tendrá en su bancada 8 diputados menos.
Y al igual que ocurre en cada término de legislatura, los últimos días de abril son una maratón que termina en un ‘madrugón’, con el objetivo de aprobar todo lo que se pueda antes del uno de mayo.
En esta ocasión, y principalmente el FMLN, pero también el PCN y GANA, quieren utilizar la actual correlación de fuerzas para ratificar préstamos, para autorizar al gobierno a emitir bonos para pagar la deuda de largo plazo.
Para hacer reformas constitucionales en el área penal y electoral y de elección de funcionarios de segundo grado, en primera vuelta, para que sean ratificadas en la próxima legislatura 2018-2021.
ARENA y el PDC pretenden cambiar el Reglamento Interno de la Asamblea, para reducir privilegios a los diputados.
Manuel Rodríguez, secretario del PCN, valora que antes del 30 de abril, la Asamblea debe aprobar en primera ronda reformas a la Constitución que permitan aumentar de tres a seis o nueve años el periodo de funcionarios claves: el Fiscal, los magistrados de la Corte de Cuentas; el titular de la Procuraduría General de la República (PGR) y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).
Opina que deben avalar reformas al TSE y la Corte de Cuentas, para separar lo administrativo de lo jurisdiccional en ambas instituciones, y hacer cambios a la Constitución para elevar de 43 a 56 votos la elección de los magistrados del ente contralor.
También insistirán en ampliar los periodos de alcaldes y diputados de tres a cinco años. Las propuestas no son nuevas, los partidos las han mencionado desde 2015, pero nunca aterrizan en una discusión formal en la Asamblea.
La moción del PCN es que los casos que se ventilan en la entidad contralora cuando haya una auditoría que determine corrupción por parte de algún funcionario público, este pase a la administración de justicia de la Corte Suprema. Estos son puntos coincidentes entre ARENA, PCN, GANA y el PDC.
En esa misma vía, la Fundación salvadoreña para el desarrollo económico y social (Fusades), ha recomendado a la Asamblea cambios profundos en la CCR, desde elegir a los funcionarios idóneos con mayoría calificada de 56 votos hasta separar lo administrativo de lo jurisdiccional.
El argumento de Fusades y de otras organizaciones de la sociedad civil que también lo han planteado, es que la Corte de Cuentas es una entidad en donde hay falta de controles internos adecuados y negligencia en el control de los fondos públicos.
Otra institución que siempre ha estado en la mira para dividir el área administrativa de la jurisdiccional es el TSE.
En este aspecto, el FMLN podría respaldar, dado que hace dos años, el partido oficialista aceptó promover reformas al Código Electoral para que los magistrados que representan a los partidos políticos no conozcan del área jurisdiccional electoral.
La idea es que sea un equipo administrativo y técnico el encargado de ejecutar todos los procesos que no sean políticos y que conciernen al TSE en la parte electoral.
Lo anterior son algunos de los planes para reformas constitucionales que emanan del PCN, ARENA, GANA y el PDC, pero también hay propuestas de hacer cambios a la Carta Magna más polémicos.
Aprobar la pena de muerte que impulsa el presidente de la Asamblea y diputado de GANA, Guillermo Gallegos y la reforma al Código Penal para despenalizar el aborto, que promueve la diputada Lorena Peña, del FMLN.
La bancada efemelenista ha abanderado desde hace varios años la reforma penal para legalizar el aborto en ciertas circunstancias, pero en marzo de este año y después de conocer los resultados desfavorables que les dejaron las elecciones, Peña enfatizó que es urgente que se apruebe la despenalización del aborto en cuatro causales antes de que cambie la legislatura.
“ARENA no tiene derecho a obligar a que las mujeres se mueran y que no puedan salvar sus vidas”, dijo en declaraciones de radio hace poco.
El FMLN insiste en reformar el artículo 133 del Código Penal para despenalizar el aborto en los siguientes casos: “inviabilidad del feto, riesgo de salud de la madre, embarazo por violación y por violación o estupro (relación sexual de un adulto mayor con una menor de edad).
Sin embargo, en estos temas, ARENA, el PCN y el PDC, han dicho tajantemente que no votarán.
Pero los diputados que aspiran a hacer reformas a la Constitución antes de abandonar la Asamblea y los que fueron reelectos para un nuevo periodo, parece que han olvidado que la Sala de lo Constitucional, resolvió en enero de 2018, que es ilegal que los diputados aprueben reformas constitucionales en el periodo de transición posterior a una elección legislativa, ya que esto no permite que la población se dé cuenta sobre las posturas sobre dichos temas de los diputados entrantes.
La Sala resolvió lo anterior cuando la Asamblea quiso ratificar la ampliación de los periodos de alcaldes y diputados de tres a cinco años en noviembre del año pasado.
La Sala argumentó que los legisladores aprobaron el acuerdo de reforma apenas siete días antes de que la legislatura 2015-2018 que actualmente está por finalizar, iniciara sus funciones en ese entonces.
Los magistrados valoraron que fue imposible para los ciudadanos que opinaran o incidieran en la integración de la legislatura responsable de ratificar dicha modificación.