Cien millones de jóvenes en Hispanoamérica están sin trabajo, jóvenes cuyos hogares son pobres o vulnerables, y de los cuales un treinta por ciento son ninis, que ni trabajan ni estudian.
El problema es causado, en gran parte, por imponer sobre países del tercer mundo o “en desarrollo”, esquemas laborales, leyes y regulaciones que pueden cumplirse en países industriales, pero que es casi imposible aplicar en naciones pobres sin sufrir las consecuencias, y esas consecuencias son precisamente la desocupación y la falta de futuro.
Ese absurdo llevó a un presidente peruano a rechazar tales esquemas, aunque desconocemos si el rechazo se mantiene dadas las presiones tremendas que la OIT y los sindicatos estadounidenses mantienen para quitarse de encima potenciales competidores, lo que, por cierto, no logran con los Tigres del Asia ni con los chinos rojos, rojos en lo político pero muy capitalistas en lo que concierne al manejo del trabajo y la economía.
El aparataje contra los jóvenes se apoya en “impedir el trabajo infantil”, supuestamente para proteger pero en la realidad para impedir su capacitación.
Para el caso: en nuestro país inspectores de trabajo andan en los cañaverales, en pueblos, en barriadas ocupándose de encontrar jóvenes menores de diez y ocho años cortando caña, para de inmediato sacarlos de allí y multar a quienes los emplearon.
El que esos muchachos estén ya acompañados y tengan que sostener a su pequeña familia, no les importa. Como dice un adagio latino, cuando la ley se aplica en sus extremos, causa mayores injusticias.
La obsesión contra el “trabajo infantil o juvenil” contrasta con otra realidad: que en El Salvador esos jóvenes sin trabajo o ninis pueden ser forzados o reclutados en las pandillas, un sistema esclavista en el cual “quien no obedece es muerto”, como sucedió al joven que rehusó participar en el ametrallamiento de un autobús y a causa de ello los pandilleros que formaban el grupo lo mataron, como durante la agresión guerrillera “Mayo” Sibrián mataba en forma bárbara a los que se desviaban de las implacables directrices de sus comandantes.
Es preferible que un joven a los catorce o quince años corte caña, recoja curiles o haga limpieza en un taller sin recibir salario, a que sea pandillero, considerando además que sus expectativas de vida son precarias, ya que esos pobres esclavos no duran mucho en este valle tropical.
La perversa propuesta: dinero
para apuntalar pandillas
En este terrible panorama hay contrastes grotescos, pues los jóvenes, todos los jóvenes, corren riesgo de ser muertos en las satánicas cuotas de homicidios u órdenes que emanan desde cárceles o guaridas.
Y de nuevo se cae en grotescas contradicciones.
Por una parte, lo que es la mayor amenaza sobre la población, lo que tiene a todos los salvadoreños angustiados, la violencia, contrasta con capitostes del régimen ofreciéndoles dinero o pagándoles, como en el segundo caso se dio en Ilopango, donde los pandilleros recibieron casi un millón de dólares de parte de la municipalidad.
A lo que se suma el ofrecimiento de diez millones de dólares, según una investigación conjunta de tres medios digitales, que hizo el ministro de Gobernación, Arístides Valencia, y como se demuestra en un video, a las pandillas para que hagan cajas de préstamo, den créditos, etcétera, diez millones obviamente que saldrían del erario nacional, del dinero de todos.