Las bancadas de ARENA, GANA y PCN arribaron ayer a un consenso para extender por seis meses las medidas extraordinarias de seguridad que el gobierno pidió ampliar por un año más hasta el 30 abril de 2019.
El acuerdo surgió luego de que estas bancadas consideraran que el plazo es suficiente para determinar si estas acciones deben convertirse en permanentes.
La propuesta inicial del partido ARENA fue que la extensión de las medidas fuera solo de tres meses, pero luego los legisladores Mauricio Vargas y Rodrigo Ávila se adhirieron a la propuesta del PCN de que se prorrogaran por seis meses, algo que respaldó el presidente de la Asamblea Legislativa y diputado de GANA, Guillermo Gallegos.
En el debate también entró la duda de si se tratará de una prórroga o un nuevo decreto, ya que se elimina uno de los artículos relacionados con la suspensión de audiencias virtuales para algunos reos, algo que ya estaba contemplado desde un inicio.
“Creo que la media son seis (meses de prórroga), porque en la comisión de seguridad no solo tenemos este expediente, y si damos una prórroga de seis meses nos da el tiempo suficiente para hacer las consultas a fin de que muchas de las cosas que son transitorias se conviertan en permanentes”, señaló el presidente de la Comisión de Seguridad, el pecenista Antonio Almendáriz.
Almendáriz agregó que las medidas extraordinarias de seguridad “no son decisión solo de la Asamblea”, ya que por su complejidad, dijo, han pedido la intervención de la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General y el Ministerio de Justicia y Seguridad, por lo que son “medidas colegiadas”.
El legislador dijo que este tema podría ser llevado a la sesión plenaria de mañana, donde pedirían dispensa de trámite (sin que el nuevo decreto pase por comisión) para aprobarlo lo más pronto posible. “Solo estaríamos esperando que el FMLN acepte los seis meses y no el año como lo habían solicitado”, agregó.
Sin embargo, el partido oficial sigue creyendo que el decreto se debe prorrogar por un año, tal como llegó a solicitarlo en su momento el ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde.
Misael Mejía, legislador del FMLN, aseguró que la iniciativa oficial es la que hizo dicho ministerio para prorrogar el decreto 321, pero afirmó que tendrán que hacer las consultan necesarias para determinar si es factible el plazo de seis meses.
“Vamos a hacer las consultas si seis meses nos sirven que es lo que está planteado por el PCN y por GANA. Mantenemos nuestra propuesta de que sea por un año, pero vamos a hacer las consultas”, insistió.
Por otra parte, criticó la propuesta de ARENA de prorrogar las medidas solo por tres meses. “Pareciera que es un nivel de estar generando la duda, la incertidumbre, pero además un riesgo de que haya algún acuerdo oscuro con quienes se oponen a que las medidas extraordinarias estén funcionando”, dijo el efemelenista.
Mejía agregó que hay “presión fuerte de la criminalidad” para eliminar estas medidas en los centros penales. “No quisiéramos asumir que se ha prorrogado algún tipo de acuerdo de cara a los comicios de 2019”, insinuó.
Asimismo, dijo que la propuesta del gobierno de extender por un año más las medidas no afecta la posibilidad de que, en caso de aprobarlas de forma permanente, se pueda derogar todo lo que sea de carácter transitorio.
“No nos oponemos a crearlas de manera permanente, pero nos parece que generar tres meses de un decreto de este tipo es generarle demasiada incertidumbre y flexibilidad y darle esperanzas a la criminalidad que este tema se puede modificar en tres meses de aquí en adelante”, manifestó Mejía.
El legislador de ARENA Mauricio Vargas, no obstante, aseguró que tres meses es un plazo suficiente (doce reuniones en total) para determinar si las acciones extraordinarias pueden convertirse en permanentes.
Las medidas extraordinarias que podrían ser extendidas tienen que ver con el traslado de reos entre centros penales, el régimen especial de internamiento y el aislamiento de cabecillas, la suspensión de visitas en todas las cárceles, la prohibición de movimientos de los reos dentro de los centros penales y habilitar centros temporales de reclusión, entre otros aspectos.
La aprobación de esta prórroga requiere de 43 votos de las bancadas legislativas.