Uno de los temas centrales para esta semana es la ampliación de las medidas “excepcionales”. La semana pasada argumenté, en esta columna, que los diputados de oposición no deben dar un cheque en blanco al oficialismo como lo han hecho durante los últimos dos años. Hacerlo contribuiría a que el aparato de seguridad se continúe acomodando a trabajar fuera del marco legal regular, haciendo uso del elevado nivel de discreción y poder que le otorgan las medidas, sin adquirir compromisos que garanticen su transitoriedad, la evaluación de su impacto, la fiscalización de su ejecución y la planificación e implementación de proyectos orientados a solventar las deficiencias que justificaron su aprobación inicial.
He escuchado a funcionarios de seguridad dar declaraciones irresponsables a los medios de comunicación, en las que tratan de descargar su responsabilidad de garantizar la seguridad de los salvadoreños en los diputados que se nieguen a prorrogar la vigencia de las medidas “excepcionales”. El discurso utilizado por los burócratas ha sido similar. Todos han pintado una imagen casi caricaturesca de peligrosos criminales que se frotan las manos en sus oscuras celdas, esperando que no exista una ampliación para hacer de las suyas. Esencialmente, intentan crear una narrativa en la que cualquier persona que cuestione la prórroga de las medidas se convierta en aquella que dejó la puerta del gallinero abierto para que lobo se diera gusto. Esto es inaceptable y los diputados de oposición no deben prestarse a este chantaje. Los responsables de cualquier cosa que suceda por quitar las medidas son los funcionarios que no aprovecharon los últimos dos años para prepararse para este este momento.
Escuché al viceministro de Justicia y Seguridad Pública, Raúl Antonio López, ofrecer a los diputados que cuestionan la ampliación de las medidas, una visita a los centros penitenciarios, como muestra del impacto que éstas presuntamente han tenido. Este gesto ilustra perfectamente uno de los principales problemas de los que adolecen las políticas públicas salvadoreñas: carecen de un componente robusto de fiscalización y evaluación técnica y objetiva. Entender la necesidad de incluir un componente de evaluación a cualquier proyecto, marcó un punto de inflexión en el progreso de las naciones más desarrolladas. El impacto de un proyecto no se determina con visitas de cinco minutos. La medición y evaluación de impacto requiere de una serie de indicadores previamente seleccionados para recolectar información que permita aplicar métodos cuantitativos y/o cualitativos para llegar a conclusiones técnicas.
Otros funcionarios oficialistas han hecho comentarios similares a los de López. Siempre que se les cuestiona sobre cuáles son los parámetros para medir la efectividad de las medidas “excepcionales”, ofrecen respuestas ambiguas e invitaciones a visitar recintos u oficinas. Es evidente que no se pensó (o no se quiso pensar) en eso. Nadie tiene idea de qué impacto han tenido estas medidas. Los homicidios han continuado, las pandillas han incrementado su control e influencia en las calles, las extorsiones no cesan y así se puede continuar con la lista de problemas de seguridad que permiten cuestionar los resultados de las medidas y plantear la necesidad de contar con un componente de evaluación y fiscalización robusto.
Este debería ser uno de los temas en los que los diputados de oposición se tienen que enfocar. Antes de ampliar cualquier medida temporal o financiamiento deben de crear un mecanismo de fiscalización y evaluación que permita determinar su impacto y amarre a las instituciones públicas que se benefician a compromisos concretos. Así la ciudadanía tendrá la oportunidad de conocer, por ejemplo, si el millonario impuesto a las comunicaciones ha sido invertido en cosas que han tenido un impacto o si el acompañamiento de la Fuerza Armada hace una diferencia significativa en el terreno. Antes de aprobar cualquier otra cosa, los diputados deben de crear un ente que tenga estas facultades y capacidades. Estoy seguro que el sector académico estará presto a colaborar.
Criminólogo
@_carlos_ponce