Las grandes ocurrencias, los disparates, la ignorancia, la sensiblería social, los controles de precios y los controles a las exportaciones llevan directamente a las grandes hambrunas, como está sucediendo en Venezuela y puede pasar en El Salvador.
Representantes del sector agrícola advierten que por falta de análisis, de evaluaciones técnicas y de discutir con los afectados, se causará un grave daño a la agricultura y a lo que suelen llamar la sostenibilidad alimentaria, la autosuficiencia.
Hay que partir de un hecho: que la “sostenibilidad alimentaria” no significa que un país produzca todo lo que come, sino que genere los recursos para adquirir, dentro o fuera, los alimentos que consume.
Liechtenstein y Japón no producen suficientes alimentos para sostenerse, pero sí los recursos para comprarlos.
Tampoco existe un “derecho a la alimentación”, pues es imposible determinar quiénes tienen que cumplir con la obligación, fuera de “la sociedad” o “el Estado”, faltando averiguar de dónde saldrán los recursos para darle de comer a la gente que lo solicite.
Los derechos económicos “por decreto” caen en el absurdo. De tener algún sustento sería suficiente que Maduro, el de la narcodictadura venezolana, decrete el “derecho a la alimentación” para que de un día a otro finalice la crisis de alimentos en Venezuela y en muchas regiones de África y Asia que ahora pasan hambre.
Los voceros de distintos sectores del agro enumeran las propuestas legislativas que pueden causar graves problemas, entre ellos llevar a la quiebra a muchos.
Una de las pensadas es la prohibición de usar determinados químicos o insecticidas, de uso corriente en otros países pero que se quieren prohibir aquí sin que se demuestre que causarían perjuicios al medio ambiente; otro es dejar a discreción del régimen imponer controles de precios a productos agrícolas, precios que siempre obedecen a posturas políticas y no a realidades de costo y demanda.
Los controles de precios son una de las principales causas de la creciente hambruna que agobia a los venezolanos y ha sido la desgracia de Cuba.
El artículo 56 de la normativa propuesta autoriza irrestrictamente el control de precios de productos alimenticios y permite establecer bandas de precios sin limitación durante una emergencia.
Pero cuando los precios establecidos políticamente están por debajo de los costos y beneficios del productor, éste se retira del mercado.
No va a prosperar el agro
repartiendo semillas
Amy Ángel, de Fusades, criticó que en el anteproyecto de ley no queda claro quién es el soberano, si es el productor o el consumidor, “porque no se sabe quién decidirá qué producir y qué comer, o si será el gobierno quien lo haga, lo que nos hundiría en una crisis, dado que los gobiernos actúan en función de conveniencia política, a espaldas de la realidad”.
El proyecto de Ley General de Aguas también pondría en riesgo al sector si se aprueba tal como está elaborado.
El proyecto de ley deja en manos del Marn el uso de todas las aguas del país, lo que o provocaría el caos o exige el montaje de un enorme aparato de controles, inspectores, permisos, correcciones, apelaciones...
Cien agricultores, como ejemplo, solicitan autorización para usar las aguas de un reservorio y el Marn debe resolver a tiempo para que no se pierdan cosechas...
No es repartiendo bolsas de semillas como va a alimentarse El Salvador.