Las entrevistas a los aspirantes a magistrados de la Sala de lo Constitucional por parte del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) han revelado que varios abogados tienen nexos con el gobierno o que trabajan para algún partido político, algo que pondría en dudas su independencia para desempeñar un alto cargo en la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
En este sentido, 10 de los 69 entrevistados por el CNJ admitieron ante el pleno que tienen algún cargo o relación directa con el órgano Ejecutivo o Legislativo e incluso varios han sido hasta candidatos a diputados o alcaldes en anteriores elecciones.
Uno de los casos más representativos es el de Salvador Aníbal Osorio Rodríguez, un aspirante que aceptó que es apoderado del presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén y que trabaja en la secretaría de Asuntos Jurídicos de Casa Presidencial.
“Yo soy el apoderado del presidente de la República para los procesos judiciales que se requieran, además apoyo en vetos y observaciones de leyes”, dijo el abogado en la entrevista.
Además su perfil confirma que es miembro propietario del Tribunal de Servicio Civil nombrado por el Presidente de la República.
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Otro caso representativo es el de Lidia Patricia Castillo Amaya, quién es asesora jurídica de la fracción legislativa del FMLN desde enero de 2017. Ella aseguró que su contratación se debió a la necesidad de un técnico con estudios en derecho constitucional y que su labor es atender a todos los diputados de la bancada cuando tienen dudas sobre estos temas legales.
“De hecho eso podría pensar que tengo una vinculación material o soy simpatizante del partido o de que alguna manera pero mi trabajo siempre ha sido técnico, no tomo ninguna decisión de tipo estratégica o política, eso es trabajo de los diputados”, afirmó Castillo en la entrevista.
Otro de los asesores es Juan de Dios Pérez quien admitió ante los consejeros del CNJ que también trabaja en la Asamblea Legislativa para la fracción del PCN.
“Yo doy servicios profesionales por mi experiencia en reformas constitucionales, me contrataron por poco tiempo y no tengo nada que ver con la plataforma legislativa del partido”, indicó Pérez.
Sobre Aida Luz Santos hay una larga relación con el gobierno, tanto en la administración del ex presidente Mauricio Funes como con Sánchez Cerén.
Fue entre 2009 y 2011 que se desempeñó como presidenta del Consejo Nacional de Seguridad Pública y luego pasó a ser embajadora de El Salvador en Italia.
Actualmente se desempeña como ministra consejera en la embajada de El Salvador en España, según lo confirmó en la entrevista hecha por el CNJ.
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“Mi trabajo ha sido independiente de las posiciones políticas o ideológicas, yo he apoyado el trabajo de la prevención de la violencia y me he desempeñado como diplomática en los últimos dos gobiernos”, indicó Santos.
Por su parte la abogado María Lilliam Navarrete aceptó que fue diputada suplente del Partido Demócrata Cristiano (PDC) y candidata a diputada al Parlamento Centroamericano (Parlacen) por GANA. No obstante negó su vinculación y dijo que no está inscrita en este instituto político.
Una situación similar confirmó Julio Valdivieso, ex viceministro de Transporte entre 1995 y el año 2000, además de candidato a diputado de San Salvador por el partido Democracia Salvadoreña.
“Yo participé en 2015 como candidato a diputado, yo fui postulado para un cargo de elección popular pero jamas he estado afiliado a un partido político”, justificó Valdivieso.
No menos importante es el caso de Francisco José Barrientos quien contó que fue candidato del PDC a la vicepresidencia de la República con Fidel Chávez Mena en las elecciones presidenciales de 1999.
En el caso de la lista de la FEDAES también hay casos de nexos con el gobierno y el FMLN como Jaime Edwin Martínez, director de la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP), Gilberto Canjura Velásquez, quien fue encontrado en el padrón del FMLN y Jesús Ulises Rivas y Tito Edmundo Zelada, ex funcionarios que en actos públicos pidieron el voto para el FMLN en 2014.