ARENA, como la oposición y el público en general, quiere saber en qué se ha gastado el dinero proveniente del impuesto a la telefonía, que como casi todos los últimos impuestos decretados se alega que son para “seguridad”.
Y para “seguridad” es que los rojos pretenden endeudar el país con una emisión de bonos por más de ciento cincuenta millones de dólares, pero también aparentemente por seguridad del grupo en el poder rehusan dar cuentas a nadie de en qué se gasta el dinero.
Y es que estando el gobierno quebrado porque no le alcanzan los ingresos fiscales, el dinero que le saca a la gente, no quiere dar información a nadie de sus cuentas, suponiendo que alguien las lleva.
Cuando piden dinero, de todo se habla menos de cortar o al menos reducir gastos. Pero si no cortan gastos puede sobrevenir un desplome general, aun cuando lograran disponer de los ahorros que los trabajadores tienen en cuentas personales. Y caerle encima a esos ahorros es una obsesión, como se demostró en el discurso presidencial y en los palabreríos efemelenistas en sus marchas del 1 de mayo.
La petición de ARENA, al igual que lo expresado por tanques de pensamiento, políticos, analistas, ciudadanos de todos los niveles, se fundamenta en dos hechos:
el primero y más importante es que los gobiernos no manejan recursos propios, privados, sino dineros que son de la generalidad, públicos, patrimonio de todos.
Y por lo mismo los gobiernos, incluyendo al salvadoreño, están en la obligación de rendir cuentas sobre el uso de hasta el último centavo de eso que no es suyo.
Lo segundo, que ha salido a luz, es del conocimiento público, los incalificables derroches de fondos estatales para viajes y suntuosidades que nada aportan al bien general pero que mucho lo perjudican.
Forzando a un país pobre
a mantener activistas
Que dineros públicos se privaticen (o se roben como se decía antes) es un ultraje a un país con tantas necesidades; se requeriría mucho espacio para enumerar las más urgentes.
¿Adónde va tanto dinero que sale del pago de impuestos, de préstamos y donativos, de lo que sacan de los ahorros de los trabajadores (y sobre todo, tomar la mitad de los ahorros pretende el partido oficial)?
Una clave se dio en las marchas comunistas del domingo: la mayoría de esos que desfilaron son dependientes de los presupuestos, de las cuarenta mil plazas creadas por Funes.
¿Es que El Salvador está en condiciones de mantener masas de activistas que nada aportan al bienestar general pero que siembran odio y desorden?