Los retrasos en las investigaciones contra seis funcionarios y exfuncionarios investigados por corrupción han llevado al magistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Sidney Blanco, a presionar para que los casos sean conocidos por la Comisión de Ética y Probidad, que él coordina, y luego sean enviados al pleno de la Corte para que determine si se deben iniciar juicios por enriquecimiento ilícito.
Los investigados son el vicepresidente de la República, Óscar Ortiz; la exvicepresidenta y diputada de ARENA, Ana Vilma de Escobar, y el expresidente de la Asamblea Legislativa y actual titular del Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones de El Salvador (Proesa), Sigfrido Reyes.
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También el actual presidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos; el alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, y el exsecretario de Asuntos Jurídicos de la Presidencia en la gestión de Elías Antonio Saca, Luis Mario Rodríguez.
El Diario de Hoy tuvo acceso a un memorándum, con fecha 19 de febrero de 2018, que Blanco dirigió al presidente de la CSJ, Óscar Armando Pineda, en el que le pide girar instrucciones al jefe de la Seccción de Probidad, Carlos Pineda, para que ponga a disposición de dos colaboradores la información relacionada con estas investigaciones, la analicen y presenten los informes correspondientes.
Blanco le explica a su colega que esto obedece “a la necesidad de dar mayor celeridad a tales casos”, pues ya vencieron los plazos que les concedieron a los investigados para que presentaran los documentos de descargo.
En diciembre, Blanco confirmó que durante 2017 Probidad fue reforzada con más personal para hacerle frente a las investigaciones: a inicios del año ingresaron cuatro auditores-investigadores, y entre julio y agosto, cuatro más.
Pero el número de colaboradores sigue siendo reducido respecto a las 24 investigaciones patrimoniales que están por concluir y otras 436 que tenía planeado iniciar este año, como lo expuso Pineda -quien actualmente aspira a ser magistrado de la CSJ, en un informe presentado a la Corte Plena en junio.